Consultado esta tarde sobre los pasos que se deben seguir para el retorno de Zelaya, Corrales respondió: “El informe es muy elocuente y dice con absoluta claridad que es dentro de la legislación hondureña, es un precepto que lo dicen en el primer párrafo”.
Expuso que “el informe dice en su análisis que deben de verse la posibilidad de varias alternativas, una de ellas que el ex presidente Zelaya nombre abogados, otra que no proteste el que se le nombre un abogado de oficio, y las alternativas de la legislación hondureña van desde la solicitud de la nulidad de los juicios, de una interpretación que están amnistiados o sea que caben dentro de la amnistía, o la solicitud de una prorroga esperando el resultados de la comisión de la verdad para ver si caben dentro de la amnistía”.
“Todas las avenidas son valederas dentro de la legislación hondureña, obviamente corresponde al ex presidente Zelaya dar alguno de los pasos en esa dirección y corresponde a la legislación hondureña al país entero garantizar que sea un debido proceso”, agregó.
Corrales ha sido el representante del Gobierno de Honduras en el proceso de elaboración del informe de la Comisión de la OEA.
También fue el representante del gobierno interino de Roberto Micheletti en el proceso de negociación del acuerdo de San José que impulsó el entonces presidente de Costa Rica, Oscar Arias; del Acuerdo Tegucigalpa/San José y el diálogo Guaymuras.
Sobre el caso Zelaya, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Canahuati, dijo: “Aquí no está en juego el hecho de las garantías que se le están dando al ex presidente Zelaya para que pueda establecerse el debido proceso para asegurarse que él enfrente los cargos que están pendientes. Aquí lo que está en juego es el sistema, y hay dos elementos fundamentales en ese documento: uno el reconocimiento absoluto al presidente Lobo como presidente electo dentro de un proceso democrático , y dos el respeto a la ley y la constitución de la Republica”.
