Los diputados decidieron eliminar dicha disposición, pero cuando se mandó a imprimir en el diario oficial la ley de presupuesto, el referido artículo apareció con una redacción diferente.
La acción, según expertos constitucionales, equivale a una suplantación de poderes, ya que el Ejecutivo no tiene atribuciones para modificar, eliminar o agregar texto o artículos a las legislaciones aprobadas por el Legislativo ni quienes envían lo aprobado por la Cámara a trastocarlo de forma alguna.
Dichos retoques transforman a instancias legislativas o ejecutivas, a las que no les corresponde, en hacedoras de leyes.
Las acciones provocan un verdadero dolor de cabeza a los constitucionalistas que no habían visto semejante actuación en el pasado, ya que hasta el momento se conocían de enfrentamientos entre ambos poderes, pero no la suplantación de funciones.
Pero igualmente conocedores del tema recordaron a Proceso Digital que también en esta administración ocurre que el Poder Legislativo asume prerrogativas propias del Ejecutivo, como buscar controlar las acciones de la empresa estatal de energía y dedicarse a realizar obras que son jurisdicción de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
Las acciones desconciertan a políticos y estudiosos, quienes consideran que lo que debe existir es una especie de alianza entre los titulares de ambos poderes en torno al manejo institucional del país.
Peligrosos antecedentes El manejo de la legislación es considerado una piedra angular en el edificio institucional de un país y un requisito básico para la seguridad jurídica del país, vital para la atracción de inversiones, según destacan empresarios y juristas. Pero en los últimos dos años el “retoque” de leyes ha sido una norma repetida en forma excesiva, sin que haya protestas de parte de la directiva del Congreso Nacional, de la oposición política y de la propia Fiscalía General. Fue este martes el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien señaló que es necesario tener los ojos bien abiertos para que no le metan goles, en referencia a dos leyes que llevan consigo onerosos impuestos a la población. |
| Recuento de hechos La primera modificación, conocida, fue cuando se publicó en febrero de 2010 en La Gaceta un contrato donde se concesionaba la represa de Nacaome y también se transfería el control de la Policía de Investigación a la Fiscalía General. Inmediatamente apareció otra versión de La Gaceta, que algunos la llamaron “clonada”, porque de la misma ya no aparecía la transferencia de la Policía de Investigación a la Fiscalía. En la acción solamente los responsables de la empresa estatal encargada de imprimir La Gaceta fueron separados y otros llevados a juicio, pero sin que exista sentencia alguna. Y eso que el presidente Lobo Sosa había ordenado a su ministro de Interior Áfrico Madrid que iniciará acciones legales que llevarán a la cárcel a los responsables. Lo anterior solo representaba el inicio de la jornada. Luego vino la “reforma” que se hizo al paquete fiscal aprobado por el Congreso Nacional y que lo publicado en La Gaceta fue diferente a lo dispuesto por los diputados. La Ley de Equidad y Ajuste Tributario fue aprobada en víspera de Semana Santa del 2010, pero tras semanas de estar siendo sometidas a la comisión de estilo salió publicada en La Gaceta con “pequeños ajustes”. El ministro de Finanzas, William Chong Wong, argumentó que se hizo para evitar repeticiones de concepto y que los cambios eran de forma y no de contenidos. Siempre en el mismo 2010 hubo otro trastoque en lo publicado en La Gaceta en torno a la destitución del entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía, Carlos Kattán, cuando se publicó su salida del cargo, pero luego el gobierno dio marcha atrás por un tiempo. En La Gaceta se publicó un acuerdo en agosto donde se comunicaba la destitución de Kattán, pero después el gobierno retrocedió y el funcionario se mantuvo en su cargo por unos meses más, ya que en noviembre fue finalmente separado del gobierno. Otra de las leyes retocadas fue la relacionada a la prohibición que dos personas se transportarán en motocicletas, como medida para evitar que dicho medio se utilizará para cometer asesinatos. Pero una vez publicada, apareció que la prohibición solo se refiere a que dos personas del sexo masculinos se transporten, siendo habilitados que un hombre y mujer o menores puedan transportarse. Otra variación ocurrió cuando los diputados aprobaron una amnistía municipal a fin que las personas que tenían atrasos y debían pagar multas y recargos les fueran perdonadas. La medida tenía vigencia hasta diciembre del 2011, pero a los responsables se les olvido publicarla en La Gaceta. Ahora el gobierno decidió publicar la ley que permita la amnistía tributaria municipal, pero cambió la fecha de enero a febrero del presente 2012. A finales del año pasado el Congreso Nacional aprobó dos medidas que castigaban a los viajeros hasta con 64 dólares. La primera aumentaba la tasa de salida aeroportuaria en 30 dólares para los viajeros internacionales y los vuelos domésticos pasaban de dos a cinco dólares. El gobierno y los diputados afirmaron que el mismo serviría para financiar la construcción del aeropuerto en Palmerola. Posteriormente se informó que los mismos diputados aprobaron una tasa de seguridad migratoria por el cual los pasajeros pagarían 17 dólares por salir del país y 17 dólares para ingresar, para un total de 34 dólares. Ante el rechazo popular, el presidente Lobo anunció el año pasado que la tasa de salida aeroportuaria no iba y posteriormente hizo lo mismo con la de seguridad migratoria este año. En la última incluso dijo la semana pasada que la había vetado. Aún no se conoce si ya regresó al Congreso Nacional. |
