Tegucigalpa – El requerimiento fiscal del Ministerio Público en contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representa una serie de amenazas a la estabilidad democrática e institucional del país.
– El titular del CAH indicó que la acción del MP es una amenaza a la estabilidad democrática.
Así lo manifestó este lunes el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, tras la acusación por el delito de prevaricato judicial en contra de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
“De concretarse tales acciones, incluso derivando en privaciones preventivas de libertad, el Tribunal de Justicia Electoral quedaría prácticamente disuelto, ya que el artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para su funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios”, advirtió.
Añadió que también debe tomarse en cuenta la crisis institucional que atraviesa el Congreso Nacional que no puede sesionar de manera normal.
Solórzano indicó que debido a la situación del Congreso Nacional, no puede realizar nombramientos de nuevos magistrados del TJE.
Alertó que este escenario configura una situación de extrema gravedad institucional en vísperas de las elecciones generales.
“Si se debilita o paraliza el órgano de justicia electoral, el país podría quedar sin una instancia competente para resolver controversias posteriores al proceso electoral, generando un vacío jurídico y político de enormes consecuencias”, aseveró.
Más allá del ámbito jurídico, esta situación tiene una trascendencia política profunda: la estabilidad democrática depende del respeto a la independencia de las instituciones, especialmente aquellas que garantizan la legalidad y la transparencia del proceso electoral, sentenció. AG
