Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, destaca en su último informe de País, su preocupación por el clima de hostilidad hacia el periodismo en Honduras, acrecentado por los ataques en las redes sociales, obstáculos a la labor periodística, reformas legales, amenazas, agresiones y estigmatizaciones, entre otros aspectos.
En su informe de 2021, la Relatoría recoge al detalle las señales de amenazas a la libertad de expresión en el último año, en donde los asesinatos de periodistas no cesan desde que se dio el primero a inicios de la década del año 2000. Más de 90 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación han sido asesinados en más de dos décadas y la mayor parte de los crímenes están en la impunidad.
En este sentido, el informe del relator de la OEA, el colombiano Pedro Vaca, señala que la falta de sanciones a los responsables de los ataques relacionados con el ejercicio de la actividad periodística envía un mensaje permisivo de la violencia, propiciando la ocurrencia de nuevos delitos y generando un efecto de autocensura.
Vaca destaca el crimen de un operador de radio y de un comunicador social en los meses de septiembre y octubre de 2021, además de intimidaciones y amenazas contra comunicadores sociales del interior del país y de la capital hondureña, así como denuncias de amenazas y persecución en contra de directivos y miembros del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), algunos de los cuales se fueron del país por un tiempo para salvaguardar su integridad.
Las restricciones de acceso a la información pública en los picos altos de la pandemia, la secretividad en la información por la Ley de Secretos que estaba vigente—ahora derogada–, la hostilidad del clima electoral en las pasadas elecciones, la represión y agresión hacia los periodistas por las fuerzas del orden, en medio del proceso electoral del año pasado, son otros de los hechos que registra el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión, que dedicó a Honduras 11 páginas en un resumen del informe por país. Antes, la información que salía en los reportes de la Relatoría no pasaba de cinco párrafos, pero ahora el clima de hostilidad hacia la prensa va escalando en el tiempo, en temas relacionados con la libertad de expresión.
Reformas “dedicadas”
Uno de los factores que destaca la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), es el nuevo Código Penal donde persiste la criminalización de la prensa y también de la ciudadanía mediante artículos restrictivos y lesivos al ejercicio de la libertad de expresión. Llama la atención sobre las reformas penales hechas al código y a la Ley de Lavado de Activos.
En esta última, la Relatoría destaca la incorporación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), dentro de la cual se encuentran las organizaciones de la sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programa de diferente tipo, y a la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública.
“La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Relatoría entienden que estas reformas legales podrían derivar en restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y reunión pacífica al limitar el ejercicio de la protesta en espacios públicos, así como propiciar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. A la vez, la incorporación de organizaciones de sociedad civil como PEP, podría generar una restricción desproporcionada para obtener cooperación financiera internacional para el desarrollo de las actividades al existir la posibilidad de aplicar el concepto de “no gestión de riesgos””, advierte el informe.
“Sectores de sociedad civil—agrega—indicaron que esta legislación tendría como finalidad obstruir los canales institucionales para investigar irregularidades gubernamentales y abusos contra la autoridad, propiciando la opacidad y la cultura del secreto”.
Pero no solo el nuevo Código Penal y las recientes reformas penales concitan el interés de la relatoría en lo que considera un clima hostil contra la prensa y la libertad de expresión en el país. Le preocupa el hostigamiento a que están siendo sometidas las radios comunitarias. La oficina de la relatoría ha recibido informes de ataques contra radios comunitarias.
Personas armadas con machetes, armas de fuego y otros armamentos habrían destruido un muro perimetral de las instalaciones de radio Dignidad Tolupana, en San Francisco, en Intibucá, en mayo de 2021. La Asociación de Medios Comunitarios manifestó “su rechazo con respecto a alegados actos de vigilancia y seguimiento por parte de CONATEL. Asimismo, denunciaron que la entidad estaría negando deliberadamente el otorgamiento de licencias a las radios comunitarias bajo el argumento de que el espacio radioeléctrico estaría saturado”.
De acuerdo con la relatoría, “el periodismo comunitario contribuye a la diversidad y el pluralismo informativo. Las emisoras comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales”, acota, tras enumerar los obstáculos legales que éstas enfrentan para ser reconocidas como el tercer sector de la comunicación.
Redes sociales y campañas de desprestigio
Otro de los aspectos que concita el interés y preocupación de la relatoría es la libertad de expresión en internet, al señalar denuncias de periodistas y personalidades cuyas voces tienen un rol relevante en el debate público hondureño y que han sido objeto de campañas de desprestigio en el entorno digital.
Asimismo, la relatoría documentó campañas en línea de desprestigio contra periodistas, particularmente críticos al actual gobierno, suspensión de medios en YouTube, entre otro tipo de agresiones y desinformación como parte de las campañas de desprestigio difundidas en las redes sociales.
La desinformación, la violencia, la polarización social atentan contra la integridad de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, afectando principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Estos y otros hechos han sido consignados en el amplio informe de la relatoría, en un país que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, sigue siendo de alto riesgo para el ejercicio del periodismo y a punto de caer al abismo.
El informe de la Relatoría de Libertad de Expresión se difunde en un contexto en el cual los niveles de polarización han subido de tono en el país en el marco de las relaciones entre la prensa y el poder, la desinformación y las falsas noticias, sobre las cuales ya la relatoría advierte de difusión de campañas de desprestigio que llevan a poner un mejor acento el rigor periodístico y profesional como salvaguarda de la libertad de expresión y la democracia. (PD)
