Cuéllar indicó que tras las líneas de investigación sobre las causas de delito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se ha logrado avanzar en los requerimientos fiscales, pero se busca enfatizar en el cumplimiento de las sentencias condenatorias.
Enfatizó que con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se debe aclarar que cada institución debe asumir su papel desde la sociedad civil y como ente de ejercer la acción penal en busca de resultados, pero de forma responsable al momento de presentar las pruebas en contra de los imputados.
“De mi parte, sería irresponsable sostener ahora cuántos requerimientos fiscales se podrían presentar esta semana o en las semanas subsiguientes; nosotros como Ministerio Público lo que hemos venido garantizando es que se están investigando todos estos casos, que se están realizando investigaciones técnicas, objetivas y sobre todo muy responsables”, aseveró.
Explicó que la nueva metodología de investigación que se conoce como líneas de investigación, ha cambiado la manera de cómo se van presentando los requerimientos fiscales, los que se hacen en la medida que se van concluyendo las investigaciones, siempre y cuando existan elementos probatorios suficientes para formular un requerimiento fiscal ante un órgano jurisdiccional.
Indicó que aceptan las críticas de sectores de la sociedad civil, pero como órgano encargado de ejercer la acción penal, no pueden dejarse presionar y lo que se está evaluando de los fiscales son resultados y no solamente la creación de expectativas presentando requerimientos fiscales.
Señaló que en el caso del aseguramiento y confiscación de propiedades de personajes involucrados en actos de corrupción como el ex director del IHSS, Mario Zelaya, existen complejidades porque se tiene conocimiento de esas propiedades, pero para poder acreditar la propiedad de esos bienes inmuebles no basta con decirlo y mostrarle fotografías o planos a un juez, sino que hay que presentar las escrituras y eso requiere de auxilio judicial y coordinación interinstitucional no solamente a lo interno del país sino coordinar con otros países para poder acreditar esa propiedad y el trato sucesivo.
Garantizó que en el caso de las denuncias de corrupción en el Injupemp y el IP, en ninguno de ellos, las investigaciones se han estancado, aunque admitió que hay limitaciones personales y materiales y en ese sentido, pidió a la sociedad civil que se involucre en estos casos porque ellos mismos pueden atestiguar sobre esas limitaciones.
“Esta semana se nos va a rendir un informe por parte de las diferentes unidades que están dando seguimiento a estos casos, nos van a rendir un informe de avances también a las máximas autoridades del Ministerio Público y de ahí se hablará con el lenguaje que le debe caracterizar que es a través de sus acciones, a través de los requerimientos fiscales”, apuntó Cuéllar.