Tegucigalpa, Honduras. Este martes 8 de abril se oficializa la declaratoria de las elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras.
Sin embargo, mientras avanza el calendario electoral rumbo a las elecciones generales de noviembre de 2025, las reformas estructurales siguen sin concretarse, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la sociedad civil.
La declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) marcará un nuevo paso hacia las elecciones generales de 2025, pero también dejará al descubierto una vieja deuda con la democracia hondureña: la falta de reformas profundas al sistema electoral.
Aunque en 2021 se realizaron algunos cambios a la Ley Electoral de Honduras, quedaron en el aire definir aspectos como la reelección alterna o continua o limitar los años para el caso de las alcaldías y diputaciones.
Punteo de las reformas electorales que se siguen postergando:
1. Segunda vuelta o balotaje: legitimidad y representatividad
La segunda vuelta presidencial es una de las principales demandas para asegurar mayor representatividad y evitar que gobiernos sean electos por minorías o por apenas un tercio de los votos.
Con las marcas acumuladas por cada candidato y partido político en el pasado proceso del 9 de marzo, se vuelve más visible la necesidad de un balotaje que garantice que la persona que ocupe la silla presidencial cuente con el visto bueno de la gran mayoría de votantes. Sin embargo, en Honduras hablar de una segunda vuelta sigue causando resquemor en la clase política.
2. Idoneidad de los candidatos
En el papel se ve muy bien garantizar la idoneidad y probidad de los aspirantes a cargos de elección popular, pero la realidad mancha la página.
Es necesario que se garantice como un requisito mandatorio que todo aspirante presente antecedentes penales y policiales, que sea auditado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, y que no hayan sido condenados por delitos, ni en Honduras ni en el extranjero.
Pero la realidad es otra. De los precandidatos presidenciales que participaron en el proceso primario, solo una de los diez postulantes no tenía denuncias públicas, denuncias formales, señalamientos, procesos abiertos o sentencias. Nasry Asfura, quien pasó a la segunda fase, tiene un proceso abierto en el Ministerio Público, Rixi Moncada cuenta con sentencia firme y a Salvador Nasralla se le ha denunciado mediáticamente por no rendir cuentas del uso de su presupuesto mientas se desempeñó como designado presidencial. Y si hacemos la inmersión a nivel de diputaciones y alcaldías, la lista es interminable.
3. Auditorías que no limpien candidatos
La institución conocida como Unidad de Política Limpia en varias ocasiones se han declarado sin las herramientas económicas y logísticas necesarias para realizar una auditoría activa e inmersiva a los aspirantes a cargos de elección popular.
Estos entes se convierten en elefantes blancos que drenan los fondos públicos sin devolverle a la nación los resultados para los que fueron creados. A un día de la declaratoria oficial, la UFTF anunciaban que 12 de los 15 movimientos que participaron en las primarias presentaron en tiempo y forma el informe financiero de ingresos y egresos de campaña. Pero esto solo es presentar, falta la parte importante, revisar, auditar y comparar si los montos declarados corresponden con lo derogado, además de publicar esos informes para que sean de acceso a toda la ciudadanía.
4. Impunidad
También es necesario marcar precedentes con la investigación y judicialización de los delitos electorales.
Lo anterior viene de la mano de la cultura de la denuncia ciudadana, que debe tener como práctica acudir a los entes pertinentes si es testigo de conductas antidemocráticas que podrían entorpecer el proceso electoral.
Las elecciones primarias dejaron denuncias que exigen una investigación y seguimiento a estos casos, de ello dependerá que la ciudadanía confíe en la transparencia electoral.
5. Despolitización de las JRV y otros procesos relacionados con el conteo, levantamiento y transcripción de actas
Un video de “activistas” con vítores hacia su institución política se viralizó luego de las elecciones primarias de marzo. Nada fuera de lo común si se tratara de un mitin político, pero la locación no era otra que el Centro Logístico Electoral del CNE.
Estos actores electorales, sumados a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), tienen vinculación político-partidaria, lo que se considera una limitante, ya que -en la mayoría de los casos- los intereses políticos se imponen a los de país. Mientras tanto, la despolitización de las JRV es una quimera en el escenario nacional.
6. Transparencia
La veeduría nacional e internacional juega un rol importante para garantizar que los procesos electorales se realicen apegados a la ley. Por ello, es necesario fortalecer la transparencia electoral, garantizar acceso a la información, facilitar la veeduría ciudadana y regular las finanzas de los partidos.
7. Reelección continua, alterna o regulada
La tradición de alcaldes vitalicios que llevan hasta más de cinco periodos continuos al frente de las municipalidades se repite a nivel de las diputaciones. Analistas en temas electorales consideran que es hora que en Honduras se hable sobre la regulación de estos dos cargos electivos, para evitar el uso de recursos públicos y posiciones como plataformas electorales desleales. Para ello, una de las propuestas consiste en limitar la reelección a dos o tres periodos o, en su defecto, decantarse por la reelección alterna.
La ciudadanía demanda una reforma que no solo se limite a ajustes cosméticos, sino que garantice reglas claras, instituciones fuertes y mecanismos efectivos para la rendición de cuentas de todos los actores políticos.
Esos cambios son urgentes para no tener una democracia en pausa.
