Tegucigalpa – La Bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), alertó este miércoles que las reformas a la Ley Electoral que se pretenden hacer en el Congreso Nacional, limitan la participación de las consejeras que integran el Consejo Nacional Electoral (CNE) y además establece penas de hasta 6 años de cárcel.
A través de un comunicado, este organismo político denunció el grave riesgo en que se está poniendo el proceso democrático en Honduras desde el Poder Ejecutivo y el mismo Congreso Nacional.
La pretendida reforma establece que ningún miembro del CNE, distinto al presidente, puede divulgar datos oficiales sobre los resultados preliminares ni verter sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados.
El artículo 9 indica que “deben ser castigados con la pena de cuatro a seis años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, los miembros del CNE, distintos a su presidente, que divulguen datos oficiales sobre los resultados preliminares, o viertan sus opiniones personales, directa o indirectamente, sobre dichos resultados”.
En tal sentido, el Pinu-SD se opone a que el consejero Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, sea el único que dé los resultados electorales de las próximas elecciones generales como consecuencia de la reforma que se pretende hacer en el Congreso Nacional.
“Es evidente que eso está dirigido contra las actuales consejeras en una descarada violación a sus derechos como miembros de ese ente colegiado y por ser mujeres” establece la bancada en el comunicado.
Añaden que eso es inconstitucional ya que se violenta el derecho a la libertad de expresión de las consejeras y “blindan” al consejero Kelvin Aguirre con poderes absolutos.
Consideran que es inaceptable e inaudito que se pretenda que previo al dictamen de una Comisión Técnica de Veeduría, Asesoría y Seguimiento se debe realizar la transmisión de los resultados, lo cual es un irrespeto a la independencia del CNE.
“Están atentando contra la autonomía de un órgano electoral como es el Consejo Nacional Electoral”.
La propuesta es que el CNE garantice la transmisión de todas las juntas receptoras de votos, por lo menos de los 228 municipios de mayor carga electoral y que su divulgación estará sujeta al recibo de escrutinios representativos como mínimo del 12 % de la carga electoral y que no podrán divulgarse resultados de escrutinio alguno, hasta no contar con los datos en el porcentaje mínimo establecido.
Al respecto la bancada pinuista considera que es imposible que 4 horas después se tenga el 12 % de los 228 municipios y lo que quieren es quedarse callados y se mantenga el silencio electoral.
En el documento también cuestionan y califican de “inaceptable” que se le quiera cambiar las reglas del juego a un órgano colegiado como, por ejemplo, que para aprobar algo se requiera de unanimidad, cuando debería ser por mayoría, tomando en cuenta que el CNE tiene 3 consejeros.
El Pinu-SD aclara en su comunicado que siempre han estado a favor de la aprobación de presupuestos que se requieren para el desarrollo democrático del próximo proceso electoral, sin embargo, califican como una “maliciosa estrategia legislativa” que se pretende además de aprobar disposiciones presupuestarias, reformas a la ley electoral. JP
