Tegucigalpa – “Esperamos que el proyecto de reforma a la Ley de Privación de Dominio sea para fortalecer y no debilitar la lucha contra la criminalidad y la corrupción”, expresó este viernes el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
Así reaccionó el funcionario ante el proyecto de reforma a la Ley de Privación de Dominio de Bienes, introducido al Legislativo por el vicepresidente de la Cámara, Denis Castro Bobadilla, en el cual pide que antes de confiscarle los bienes a un imputado por malversación de fondos públicos debe ser vencido en juicio.
“A muchas personas, solo por el hecho de ser acusadas de delitos, les han quitado todos los bienes y se los han rematado, sin ser enjuiciadas. Los afectados han amenazado con demandar al Estado”, advirtió el legislador por la Alianza Patriótica Hondureña (APH)”.
Al respecto, Ebal Díaz recordó que “el presidente Juan Orlando Hernández ha sido el abanderado en la lucha contra el crimen organizado”.
Justamente, la legislación que se aprobó cuando Hernández era el presidente del Congreso Nacional, y otras iniciativas que ha enviado como mandatario, “nos han ayudado a disminuir casi de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes a menos de 40 muertes”, afirmó.
“El resultado ha sido inobjetable, pues Tegucigalpa y San Pedro Sula han salido de las ciudades más violentas del mundo, pero (porque, entre otras acciones), se ha ido a atacar lo más sensible, que es el patrimonio y capital que hace el crimen organizado de forma ilícita”, enfatizó.
En ese sentido, comentó que “estamos hablando de leyes que impactan directamente en los temas de seguridad pública”.
“Nosotros no conocemos en detalle el proyecto (de reforma a la Ley de Privación de Dominio), pero esperamos que se le dé el debate y el análisis que requiere el caso y que venga a fortalecer la lucha contra la criminalidad y la legislación que permitió salvar 30,000 vidas”, agregó.
En ese sentido, Díaz dijo que si “lleváramos la misma tendencia del 2014, cuando el mandatario Hernández asume la presidencia, 30,000 personas estarían muertas en este momento”.
“No podemos fijar una posición al respecto porque no conozco cuál es la intención del proyecto y qué es lo que saldrá al final del debate”, dijo.
“O sea que se le debe dar el espacio al Congreso para que los diputados lo puedan debatir con responsabilidad”, agregó.
“Luego ya nos tocará a nosotros dar nuestras opiniones cuando venga al Ejecutivo (una vez que la apruebe el Congreso). El Presidente tiene diez días para saber si la vetará o la sanciona”, explicó.
“Pero esperamos que (la reforma) esté de acuerdo a esa política de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y que se traduzca en salvar vidas de los hondureños”, concluyó.
