Tegucigalpa – Luis Redondo, encargado del Congreso Nacional, y la bancada del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) se abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, así como piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La medida fue aprobada en un decreto durante una kilométrica sesión que contó mayoritariamente con los integrantes propietarios y suplentes de Libre, así como la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez.
El decreto, que debe ser sancionado y publicado en La Gaceta, tiene como finalidad revertir la declaratoria del proceso realizado por el Consejo Nacional Electoral, único organismo habilitado por la Constitución para hacer conteo de votos y divulgar los ganadores.
La declaratoria del CNE estableció que el ganador a nivel presidencial fue Nasry Asfura del partido Nacional, así como los diputados que obtuvieron los cinco partidos participantes, como los ganadores a nivel municipal.
El decreto manda a que el CNE proceda a realizar el conteo de todas las actas que supuestamente no fueron contabilizadas. El mismo detalla que a nivel presidencial son 306 actas, a nivel de diputados faltan 2,620 y a nivel de alcaldías 1,848 actas.
Se señala que en caso que el CNE no realice el reconteo, la acción correrá a cargo del Congreso Nacional.
También se establece en el decreto que la Comisión Especial de Investigación del CN se presente al Ministerio Público y solicite que se realice la acción penal contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López por no realizar el conteo completo en los tres niveles.
Igualmente llama al CNE a resolver todas las impugnaciones presentadas por los reclamantes en los tres niveles electorales.
El decreto establece que una vez hecho el reconteo de votos, los resultados deben ser remitidos al Congreso Nacional para que realice la declaratoria final de las elecciones.
La acción de Redondo y los diputados se hace a pesar que el panorama ya está claro y reconocido ampliamente por la comunidad internacional.
La aprobación del decreto ocurrió después de la presentación del informe de la Comisión Especial de Investigación del CN, leído por el diputado Ramón Barrios, y que establece que los comicios no fueron legítimos por diversas situaciones.
El decreto aprobado ocurre a falta de 12 días que asuma el nuevo Congreso Nacional y a 18 días que sea investido Asafura como nuevo presidente.
No explicaron si con el Congreso se suspende las próximas acciones.
Pero Redondo, tras una intervención del diputado Fabricio Sandoval donde se despedía de los actuales legisladores y admitía un nuevo periodo gubernamental, le aclaró que con lo que aprobarían en la sesión “la revisión de las Juntas Receptoras de Votos y el tiempo, puede cambiar lo que se está dando”.
La sesión extraordinaria no contó con la presencia de los diputados de las bancadas de los partidos opositores Nacional, Liberal y la mayoría del Salvador de Honduras. Igualmente no acudieron figuras destacadas del mismo partido Libre como Xiomara Hortensia Zelaya, hija del matrimonio presidencial, del vicepresidente legislativo Rasel Tomé y su suplente Oved López y Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del partido oficialista.
Los diputados opositores acudieron al Congreso Nacional, pero la seguridad del edificio les impidió su ingreso al hemiciclo del legislativo para participar en la reunión.
Redondo abrió la reunión con la mayoritaria presencia de los diputados de Libre, integrando varios suplentes para suplir a los diputados opositores, así como algunos diputados leales al encargado del legislativo y que formaron parte del partido Salvador de Honduras, así como una diputada liberal suplente.
Previo a la reunión extraordinaria, la mayoría de los diputados que integran el Congreso Nacional se reunieron en los bajos del Palacio Legislativo y aprobaron pedir a las Fuerzas Armadas que capturen a Redondo.
Durante la sesión, la mayoría de diputados, titulares y suplentes, que intervinieron arremetieron contra el presidente Donald Trump y contra el gobierno de Estados Unidos con mensajes de odio.
Lo destacado del informe de la comisión
De acuerdo al extenso informe leído por el diputado Ramón Barrios, concluyó que la declaratoria de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no agotó el escrutinio de las actas” vulnerando los principios constitucionales como “legalidad, certeza y transparencia”, por lo que concluyó que la declaratoria carece de base jurídica suficiente.
Asimismo, el documento pide la nulidad de las elecciones argumentando que las sesiones virtuales de los consejeros las consideran ilegales, ya que no hay reglamentación y se duda de la autenticidad de las firmas de las consejeras.
También cuestionan la integración del consejero suplente, indicando que el procedimiento no fue correcto.
El informe consideró como una evidente injerencia extranjera los mensajes que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de la red social Truth Social, en la que consideró que el entonces candidato Nasry Asfura era la persona con la cual podría trabajar, señalando que ello generó intimidación en el elector. Asfura finalmente ganó las elecciones y es el presidente electo que asumirá la Presidencia de la República el 27 de enero del 2026.
El informe legislativo recogió las posiciones que realizó el liderazgo de Libre tras las elecciones del 30 de noviembre, como que durante los comicios ocurrieron delitos electorales, los ciudadanos votaron bajo miedo por la presión de maras y pandillas en las mesas y haciéndose pasar como observadores electorales para intimidar a los votantes a que no votaran por ciertos candidatos.
Otra narrativa de Libre, con la cual justificaron su debacle electoral al pasar al tercer lugar, que recoge el informe de Barrios es que existió coacción al voto e intimidación económica al usar el tema de las remesas como una coacción al electorado con los mensajes a los familiares de parte de los migrantes, induciendo un miedo económico.
También destacaron que el escrutinio no fue concluido en los plazos constitucionales y ello habilita al Congreso Nacional, según el informe, para concluirlo y emitir la declaratoria oficial de los ganadores de los comicios.
El informe destaca irregularidades en la auditoría externa que configura vulneración al principio de certeza electoral.
Destaca que hay inexistencia de un ambiente de pruebas independientes y es imposible certificar el triple sellado lo que impidió garantizar los resultados, señalando que cualquier declaratoria sustentada en un sistema no verificado carece de certeza y fundamento legal.
El informe concluyó que las elecciones son viciadas por incompetencia electoral, la intervención pública de un Jefe de Estado extranjero en el proceso con lo cual se vulnera el derecho a sufragio libre, ya que se afectó la igualdad en la contienda electoral.
Varios diputados de Libre que intervinieron tras la presentación del informe admitieron que su partido no ganó las elecciones, fueron castigados en las urnas, y que según sus recuentos el triunfador fue Salvador Nasralla. (PD)
