Tegucigalpa – Las especulaciones que pululan en las redes sociales tras los últimos acontecimientos financieros en Honduras, que derivan de la liquidación forzosa del Banco Continental por blanqueo de capitales ligados, desatan el debate sobre el control que deberían tener estos medios electrónicos capaces de generar crisis.
– Voces parlamentarias estiman adelantar la aprobación de castigos para los que se escudan anónimamente en las redes sociales, aunque estos ilícitos ya se contemplan en el nuevo Código Penal que entrará próximamente a la Cámara.
Las redes sociales son un gran altavoz de opiniones, informaciones y comentarios que cualquiera podemos hacer también en nuestros entornos, pero cuya difusión amplificamos a través de nuestros perfiles.
El gran debate se centra cuando surgen interrogantes como: ¿Dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la ofensa (que puede ser lícita) o, ya más grave, el delito como injurias, calumnias, apología de la violencia, del racismo, del terrorismo…? ¿Dónde está la barrera entre algo inmoral y algo delictivo?
El pasado miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.
La designación incluyó al Banco Continental, perteneciente a la familia Rosenthal, que se convirtió en el primer comercio de este tipo designado por EEUU desde la creación de la Ley Kingpin en 2000.
A raíz de esos señalamientos la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) ordenó la liquidación forzosa de la institución bancaria, garantizando en todo momento honrar los saldos de los depositantes, así como los compromisos de esta financiera.
Sin embargo, mediante las redes sociales comenzó una avalancha de especulaciones sobre otras instituciones financieras e incluso hubo un uso malicioso de logos de importantes bancos hondureños señalados sin fundamento y escudados en sitios electrónicos anónimos de los que nadie se responsabiliza.
Tanto el gobierno hondureño, empresa privada y embajada de EEUU coincidieron en que el sistema financiero nacional “se encuentra robusto” y “solido”, al tiempo que llamaron a la calma para no generar pánico por las versiones que trascienden en redes sociales.
Uno de los últimos tuits del embajador de EEUU, James Nealon, explica lo que sucede en el sistema bancario nacional. “Cuando un banco es designado, debe ser aislado para proteger el bienestar del sistema financiero”, posteó.
En otro enunciado, reconoció que “Honduras está actuando rápida y decisivamente para proteger a los ahorrantes del #Banco Continental”, al tiempo que dejó claro: “La acción de la OFAC está dirigida al Banco Continental, NO al sistema bancario hondureño”.
Conatel anuncia sanciones
En las últimas horas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció sanciones para los operadores de radio y televisión que difundan rumores o información especulativa que provoque daños a la economía, así como el Sistema Financiero Nacional.
La advertencia del ente gubernamental explica que iniciará procedimientos administrativos sancionatorios contra los operadores que permitan el uso de las concesiones del Estado para provocar daños a la economía nacional infringiendo las leyes de la República, como el Código Penal y leyes especiales.
“Los expedientes levantados y las sanciones impuestas a los infractores de la legislación nacional dará oportuno traslado al Ministerio Público para proceder contra los responsables en lo que a derecho corresponde”, reza el comunicado en su parte toral.
Denuncias ante la Fiscalía
También en las últimas horas el vicepresidente de Imagen Corporativa del Banco Atlántida, Carlos Girón, dijo que un cuerpo de abogados de esa institución bancaria llegó al Ministerio Público para interponer una denuncia debido a los recientes casos de difamación que han sido objeto mediante las redes sociales.
Relató que la semana anterior se detuvo en Estados Unidos a un ciudadano identificado como Pedro Laínez, lo que provocó ataques en contra del Banco Atlántida al señalar que el requerido era un funcionario de esa centenaria institución.
“Descartamos totalmente esa acusación, no conocemos a alguien que se llama Pedro Laínez… sobretodo porque lo empezaron a vincular con el apellido Laínez, uno de los principales funcionarios de Banco Atlántida y eso nos parece un agravio, además del uso indebido de nuestro logotipo en algunas redes sociales”, declaró.
Girón manifestó que pretenden que la Fiscalía actúe de oficio y llame al orden a las personas que se dedican a denigrar las instituciones y las personas.
Desde el Congreso prevén adelantar castigos
El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, informó que pese a que en el nuevo Código Penal se establecen penas para los delitos informáticos, analizan la posibilidad de adelantar algún tipo de legislación en ese sentido, esto tras las aseveraciones que desde las redes sociales se hacen contra la actual situación del sistema bancario nacional.
El congresista refirió que los delitos cibernéticos forman parte del nuevo Código Penal, en tanto “este es un tema al que el Congreso debe entrarle de manera directa, no se puede seguir permitiendo que en nuestro país páginas y páginas en las redes sociales, que son anónimas y desde las cuales se difama e injuria a las personas”.
Continuó que “se injuria a cualquier persona y nadie es responsable de estas páginas, nosotros no decimos que no existan estos sitios, creemos que deben tener un nombre de una persona que responda por su contenido. Si ahí se considera algo que no es cierto y que se considera delito, esa persona debe responder por ello, al igual que existirá el ilícito de la suplantación de identidad”.
Pérez auguró que el Poder Legislativo tomará una decisión bastante firme para castigar este tipo de delitos cibernéticos.
