Tegucigalpa – La Red Humanitaria de Honduras solicitó este jueves al Parlamento hondureño aprobar una nueva ampliación de la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular al país.
En un comunicado, la Red Humanitaria, que lideran las agencias del Sistema de Naciones Unidas y la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, destacó la importancia de que el Parlamento hondureño «avance» en la discusión del proyecto de Ley que prorrogará la amnistía migratoria.
Desde marzo de 2022, el país registra un incremento en el ingreso, tránsito y permanencia de personas refugiadas y migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, añadió.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), 188,858 personas ingresaron de forma irregular a Honduras en 2022, una cifra récord con relación a los datos de años anteriores.
Esta tendencia se ha mantenido en aumento en 2023 y, según el INM, en los primeros cinco meses del año se registra el ingreso irregular de más de 100,000 personas, tres veces más que el número de migrantes que cruzaron Honduras en el mismo período de 2022.
«La respuesta del Estado ha sido crucial para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de recepción y, consecuentemente, en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad y los riesgos de protección que enfrentan las personas durante la ruta», subrayó la Red Humanitaria, que aglutina a más de 50 organizaciones.
Enfatizó que la aprobación de la exoneración del pago de la sanción administrativa ha sido una de las «medidas estructurales» que han permitido avanzar en la consolidación de «un paso digno y seguro» de los migrantes por Honduras.
La medida, según la Red, fomenta que las personas realicen de manera voluntaria los trámites administrativos dispuestos por las autoridades hondureñas, lo que fortalece la «capacidad de gobernanza en materia migratoria y facilita la identificación de personas con necesidades de protección específica y/o protección internacional».
El decreto legislativo fue aprobado en agosto de 2022 y a finales de noviembre el Parlamentó aprobó una ampliación hasta el 1 de junio de 2023.
La Red Humanitaria destacó que, en el contexto actual, en el que la magnitud de los flujos «desborda las capacidades de respuesta», la amnistía del pago de la multa es una «medida de protección que reduce los riesgos» que enfrentan las personas en tránsito.
Además, mitiga las causas que generan la necesidad de que los migrantes se vean forzados a acudir a «estrategias de afrontamiento negativo como la mendicidad, y disminuye su vulnerabilidad frente a la trata de personas, especialmente para explotación sexual y laboral».
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