Tegucigalpa – Debido a las acusaciones por presunto tráfico de influencias en contra del vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, varios profesionales del derecho coinciden que el alto funcionario debería considerar la posibilidad de solicitar un permiso para ausentarse de sus labores mientras dure el proceso judicial.
En ese sentido, el abogado defensor Jair López, manifestó que el Ministerio Público como ente acusador, puede hacer uso del Código Procesal Penal para pedir la suspensión del funcionario.
“Nuestra legislación procesal penal establece que en aquellos casos donde hay funcionarios públicos contra quienes se ha presentado un requerimiento fiscal y que por la razón del cargo que ostentan pueden entorpecer las investigaciones, hay una medida cautelar señalada en el artículo 173 del Código Procesal Penal, que puede utilizar el Ministerio Público, órgano acusador, para pedir la suspensión del imputado”, expresó.
Indicó que la medida puede ser utilizada “en términos generales para funcionarios acusados y sobre quienes se tiene sospecha que en el ejercicio de su función pudieran entorpecer las investigaciones”.
De su lado, el abogado y diputado Rasel Tomé, dijo que “el vicepresidente del Consejo de la Judicatura debería pedir un permiso”.
“Debe retirarse del Poder Judicial porque hay un mensaje incorrecto al estar en una posición como la que él desempeña, eso puede generar rechazo de la gente sobre cómo se está aplicando la justicia”, criticó el también diputado.
Tomé reconoció que Bonilla “tiene sus derechos”, al tiempo de remarcar que “está en una posición privilegiada, está en una posición de poder dentro de la Corte Suprema de Justicia”.
En base a lo anterior, reiteró que por “imparcialidad en el Poder Judicial, él debe de pedir un permiso”.
“Lo más sano es que él pida retirarse seis meses o lo que dure el juicio para que los jueces puedan dictar los fallos de forma imparcial”, acotó.
