Madrid.– Una normativa que obliga a empresas de turismo, como agencias de viajes y hoteles, a compartir con la Administración datos personales de los viajeros ha enfrentado al Gobierno español con el sector turístico, que considera que añade una carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes.
El registro de viajeros, obligatorio desde el próximo 2 de diciembre, obliga a agencias de viaje, establecimientos hoteleros, alojamientos, empresas de alquileres de coches y plataformas digitales relacionadas con el sector a compartir con la Administración datos sobre sus usuarios.
La información personal de los viajeros incluye, además del nombre y el número del documento de identidad, otros datos como teléfono, correo electrónico y detalles de la transacción.
La información debe volcarse en una aplicación que está operativa desde 2023 y a la que tiene acceso la Administración.
Las agencias de viaje alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir y advierten sobre un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
También los hoteleros han mostrado su rechazo a la norma, que «podría» vulnerar derechos fundamentales de privacidad y «amenaza con complicar y entorpecer» la experiencia de millones de visitantes, además de que supone una «merma» a la competitividad de España como destino, aseguran.
Por el contrario, desde el Ministerio del Interior defienden que solo se requieren datos que ya se están facilitando y no suponen ningún añadido ni obligaciones adicionales y atribuyen la nueva regulación a una mejora de la seguridad.
De hecho, España ha localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial gracias a los datos aportados por los agentes turísticos a través del nuevo registro de viajeros.EFE/ir
