Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) mostró hoy su profunda preocupación por el flagrante irrespeto a la Constitución de la República de Honduras y sus leyes.
En ese orden, la RDD recordó que las recientes elecciones de segundo grado protagonizadas por los diputados del Congreso Nacional, en donde se eligieron a las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Unidad de Política Limpia (UPL), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) así como la culminación del proceso de elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP), se llevaron a cabo de manera sorpresiva tras una crisis legislativa.
Esta crisis fue provocada por desacuerdos entre las bancadas del Congreso Nacional, donde obtener la mayoría calificada para tomar decisiones representaba un obstáculo, señaló el organismo en un comunicado
A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de la RDD:
1. Expresamos nuestra profunda preocupación por el flagrante irrespeto a la Constitución de la República y las leyes, evidenciado por la omisión de los procesos establecidos para la elección de las autoridades de segundo grado desde el Congreso Nacional. En la reconstrucción de un estado de derecho democrático, es fundamental que prime la independencia de poderes, el respeto a la ley, la transparencia y la participación ciudadana. La elección de las autoridades del TSC, TJE, IAIP y UPL a través de acuerdos políticos opacos y desconocidos para la sociedad representa un claro retroceso para la democracia hondureña, exacerbando la inestabilidad institucional en el país.
2. Condenamos de manera enérgica que se sigan utilizando prácticas del pasado, repartiendo posiciones institucionales según la conveniencia de los partidos políticos. Si bien reconocemos que los acuerdos políticos son herramientas para alcanzar consensos, es imperativo que estos se realicen con transparencia y publicidad. Deben evitarse la inclusión de intereses privados que busquen perpetuar la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad dentro de la estructura estatal.
3. Lamentamos la ausencia de participación ciudadana en los liderazgos institucionales, donde los mismos individuos se rotan entre las instituciones debido a su respaldo político. Esta práctica, que en el pasado no ha demostrado resultados positivos para la ciudadanía, es preocupante. Instamos a la clase política a fomentar nuevos liderazgos, ofreciendo oportunidades genuinas para el relevo generacional. A través de la meritocracia y la capacidad, estos nuevos líderes pueden contribuir significativamente a la reconstrucción del Estado.
4. Un auténtico combate contra la corrupción requiere una gestión más efectiva de las instituciones de control y electorales del país. La falta de voluntad, decisión política y coherencia entre los diversos poderes del Estado se evidencia en el estancamiento de la lucha contra la corrupción. La opacidad y arbitrariedad del Congreso Nacional no pueden ser pasadas por alto por los distintos sectores de la sociedad hondureña.
Desde la sociedad civil organizada seguiremos vigilantes de las actuaciones de la clase política, exhortando a la reflexión y al respeto por las leyes y la Constitución de la República, con el fin de fortalecer la democracia y un Estado de derecho que garantice los derechos de todos los hondureños. (RO)
