Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), advirtió hoy sobre graves amenazas a la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Honduras.
La RDD está integrada por organizaciones de sociedad civil, sector privado, academia e iglesias, expresa su profunda preocupación ante una serie de hechos que amenazan la integridad del proceso electoral previsto para el próximo 30 de noviembre en Honduras.
A medida que se acerca la fecha de los comicios generales, se intensifican prácticas que vulneran principios democráticos fundamentales como la equidad, la transparencia y la participación ciudadana. Estas señales de alerta no solo comprometen la legitimidad del proceso, sino que también ponen en riesgo la estabilidad institucional del país.
A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento público de la RDD:
1. La entrega del llamado “bono climático” se está realizando de forma discrecional y politizada en zonas que no enfrentan directamente los efectos de la crisis ambiental. Esta práctica representa una forma de clientelismo electoral que distorsiona el propósito de la ayuda pública y utiliza las necesidades de la población con fines partidarios. A pocas semanas de las elecciones, el uso de recursos estatales con sesgo político vulnera el principio de equidad electoral y debilita la confianza ciudadana en el proceso.
2. La situación del voto en el extranjero continúa marcada por la opacidad. A la fecha, no se ha brindado información clara sobre el estado de los Documentos Nacionales de Identificación (DNI) para los hondureños fuera del país, ni se ha publicado un reglamento que garantice su derecho al sufragio conforme a la ley. Esta falta de transparencia podría traducirse en una exclusión política injustificada, afectando directamente el derecho de miles de ciudadanos a participar en las elecciones.
3. Persisten dudas sobre la capacidad operativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) en centros de votación que carecen de energía eléctrica o presentan problemas de conectividad. La ausencia de un plan público para garantizar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en estas zonas pone en riesgo la transparencia del conteo de votos y abre la posibilidad de manipulaciones que comprometan la voluntad popular.
4. Se observa con preocupación la creciente instrumentalización del Ministerio Público como mecanismo de presión política contra autoridades del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La judicialización del proceso electoral representa una amenaza directa a la independencia institucional y a la soberanía del voto ciudadano. Ninguna institución del Estado debe ser utilizada para intimidar o interferir en el desarrollo de las elecciones.
5. El estado de excepción vigente representa una amenaza latente para el desarrollo normal del proceso electoral, antes, durante y después de la jornada del 30 de noviembre. La suspensión de garantías constitucionales puede condicionar el ejercicio pleno de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de movilización, reunión y expresión, lo cual podría afectar directamente la participación ciudadana y el ejercicio libre del sufragio.
La Red por la Defensa de la Democracia hace un llamado urgente a la ciudadanía hondureña a mantenerse informada, vigilante y activa frente a los intentos de manipulación del proceso electoral. Este 30 de noviembre, Honduras enfrenta una decisión histórica: elegir en libertad o permitir que otros decidan por nosotros. (RO)
