Tegucigalpa – El Congreso Nacional ratificó esta noche el estado de excepción que suspende las garantías constitucionales de los hondureños establecidos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, a partir del jueves 6 de abril hasta el 21 de mayo. Esta disposición fue aprobada en Consejo de Ministros.
Aunque se ratificó la ampliación de 45 días, que brinda más tiempo a la Secretaría de Seguridad para seguir implementando el plan de seguridad en las zonas establecidas, la misma tuvo una amplia discusión y el rechazo de la oposición que exige los resultados prometidos.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento recordó que este es el cuarto PCM establecido como política de estado para devolverle la paz a los hondureños y, tras enlistar algunos resultados reportados por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, aseguró que “no será por siempre, llegará un momento que terminará”.
Rechazo
Diputados de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras expresaron su rechazo.
“El 6 mayo cumplimos 5 meses de estar bajo un estado de excepción”, recordó la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), por lo que agregó que su partido no apoya esta ampliación porque no se ha brindado un reporte sobre los logros.
“Seguimos teniendo extorsión, masacres, feminicidios, incluso donde está impuesto este estado de excepción”, dijo al reclamar que Honduras necesita una verdadera política de estado en materia de seguridad.
Por su parte, el parlamentario Jorge Gámez del Partido Nacional resaltó que no es justo que se esté sometiendo al pueblo a una situación de inseguridad como la que se vive en la actualidad en Honduras, “no podemos ni controlar a los que están dentro de las cárceles y con esto nos quieren decir que vamos a controlar a los que están afuera”, dijo.
Gámez resaltó que en la actualidad no hay cámaras de video, fiscales del Ministerio Público que no aparecen, cierre de negocios por extorsión, entre otros, por lo que los nacionalista tampoco acompañaron la ampliación del PCM.
Ante el rechazo expresado por varios diputados, el parlamentario Rasel Tomé de Libre dijo el PCM ya está en ejecución desde el 6 de abril y únicamente correspondía su ratificación por parte de este poder del estado.
El liberal, Mauricio Villeda resaltó que es desilusionante que ni siquiera haya control de las cárceles y recordó que a El Salvador por menos tiempo en implementación de un toque de queda le llamaron la atención internacionalmente por el tema de derechos humanos.
Villeda dijo que la discusión del documento debió ser avisar con anticipación, “en el Partido Liberal hemos sido benevolentes con el Ejecutivo”, y agregó que no obstante sigue el desorden en el país, con tomas de establecimientos por parte de los colectivos de libre, extorsiones, entonces “estos PCM, ¿para qué sirven?”, cuestionó al expresar su negativa a dar su acompañamiento.
“Estos PCM no han funcionado», afirmó.
El diputado oficialista Jari Dixon dijo que el problema de violencia no es tema nuevo y llamó a todos los parlamentarios de los partidos políticos a apoyar la extensión del estado de excepción y a la vez criticó a quienes considera que quieren que al partido en el poder le vaya mal.
Según su argumento, quien votó en contra de la ratificación es porque está vinculado o a favor del crimen organizado.
En tanto, Yuri Sabas del partido Liberal afirmó que “no podemos descalificar a alguien por estar en contra”, tal como lo manifestó Dixon. “No se puede jugar política con la seguridad, da vergüenza que todas las semanas ocurra un caos”, reflexionó.
Sabas resaltó que la seguridad es un tema de vidas humanas, “en el pasado muchos compañeros votaban en contra de propuestas y actualmente se repite lo mismo”, subrayó, al agregar que le da el beneficio de la duda a la Secretaría de Seguridad y esperará que a fin de año esperará cuentas sobre resultados.
Maribel Espinoza del PSH llamó a actuar con responsabilidad, y recordó la reciente visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese sentido, Espinoza presentó una moción de orden para modificar la suspensión de garantía, tomando en cuenta recomendación de la CIDH, con lo que PSH acompañaría la ampliación número cuatro del PCM que restringe garantías en Honduras. La propuesta fue rechazada, mientras que la ampliación de estado de excepción fue aprobada por el Legislativo. VC
