“Si yo no cumplo con mis deberes, el Estado no tiene porque pagarme, es decir, si yo interrumpo las clases durante 30 ó 40 días, de los 200 días que establece la Ley, el Estado no tiene porque pagarme esos días”, manifestó.
Consultado del por qué hay funcionarios que no hacen cumplir la Ley, el defensor de los derechos humanos respondió en forma tajante “porque es una de blandengues en los cargos, porque nadie quiere echarse el trompo a la uña”.
Según Custodio, el pueblo debe tener presente que el artículo 9 numeral 6 del Estatuto del Docente obliga a los maestros a “cumplir el tiempo efectivo de trabajo establecido por el año lectivo y dedicar la totalidad del mismo a las funciones propias del mismo”.
Agregó que el artículo 12 de su Reglamento establece literalmente que “el tiempo efectivo de trabajo sobre el año lectivo será de 10 meses y constará de un mínimo de 200 días laborales”, mientras que el artículo 13 indica “que el docente deberá cumplir personalmente su respectiva jornada de trabajo”.
Custodio también cuestionó que el Estado hondureño no tenga una política salarial única, negociada y pactada de acuerdo a los costos reales de la vida.
Lamentó que en Honduras se estén creando feudos de privilegios, “un feudo lo crea el Estatuto del Docente, otro feudo lo crea el Estatuto del Profesional Médico, y así por el estilo”
El defensor del pueblo es del criterio que los estatutos son inconstitucionales porque rompen el principio de igualdad de las personas y porque según la fuerza de los gremios así se generan privilegios.
Recordó que España encontró la solución cuando, de la transición de Franco a la democracia, redactaron una nueva Constitución y anularon todos los estatutos.
“Usted no puede usar las normas constitucionales para generarle privilegios a nadie, llámese como se llame y le guste o no le guste a la persona”, indicó.
Custodio argumentó que el costo que se está pagando por decisiones políticas como la aprobación del Estatuto del Docente es altísimo, y que se ve reflejada en la calidad de la educación.
“Estamos gastando más que nunca en materia de educación y estamos obteniendo los más pobres resultados”, expresó.
Comentó que en una evaluación que se hizo a nivel Latinoamericano la calidad de la educación hondureña salió en los últimos lugares.
El Comisionado de los Derechos Humanos también cuestionó el papel de la Secretaria de Educación en el conflicto magisterial.
“Entiendo que una Secretaría de Estado debe ser ágil y simplificar la administración de manera que no hagan rezagos ni moras de ningún tipo, además, uno está en los cargos públicos no para causarle dificultades a nadie sino para corregirlas”, dijo.
Desde cuando venimos oyendo que hay rezagos en el pago a los maestros y eso es motivo todos los años del mismo reclamo, declaró.
“Si administrativamente no simplificamos la administración y no la hacemos eficiente, de nada estamos hablando”, enfatizó.
El ombudsman hondureño aclaró que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está del lado de la Constitución y del lado de las leyes. “Quiero que no se afecte el derecho a la educación de los niños y niñas de este país, y que se respete el calendario, hora y días en que deben ser servidos”
