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¿En Honduras quién responde por las víctimas de la pólvora?

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Tegucigalpa – El mortero, también conocido como “tumba casas” que le quitó la vida a un menor en la zona norte de Honduras, se cotiza en el mercado a un costo de 120 lempiras, dijeron fuentes consultadas en los comercios por Proceso Digital.

–         Al menos una veintena de ingresos por manipulación de pólvora reportan hospitales de diferentes ciudades de Honduras.

José Isaac Cardona Sarmiento, fue destrozado por un mortero la noche del 24 de diciembre cuando se disponía a cenar con su madre en  el sector conocido como Los Bordos de la colonia Guadalupe de San Pedro Sula (SPS) departamento de Cortés, al norte de Honduras.

El menor de apenas 9 años de edad –según relató su madre-, no alcanzó a comer la noche de Navidad, fue por un refresco para cenar a unas cuadras de su hogar, pero nunca regresó, en el camino encontró la muerte, al recoger inocentemente un poderoso mortero que explotó en su pecho.

“Nosotros no le compramos pólvora, alguien estaba quemando los moteros cuando él salió y nunca pensó que estaba encendido”, relató la desconsolada mujer, quien nunca se imaginó  la tragedia que le esperaba a su hijo que salió sin que alguien lo acompañara.

El artefacto parecía estar apagado, estaba inactivo y desafortunadamente Isaac, lo encontró sin saber el peligro que este representaba. La muerte del menor deja muchas preguntas sin respuestas, sobre la fabricación, uso y comercialización de la pólvora en el país.  

Además de la trágica historia que terminó con la vida del pequeño Isaac, hay otras víctimas, que pese a las quemaduras han sido afortunadas porque la pólvora solo afectó partes de su cuerpo y son atendidas en Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula,  donde se reporta el ingreso de cinco personas recientemente, pero en total registran 10, hospitalizaciones de ellos cuatro son menores de edad.

Igualmente, la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem),  contabiliza al menos una decena de ingresos, tres son menores afectados por la manipulación de pólvora, y en el Hospital Escuela, se informó tres ingresos de adultos por esa misma consecuencia.

El suceso donde perdió la vida Isaac, ocurrió en el marco de una ordenanza municipal que prohíbe la comercialización de pólvora desde el 1 al 31 de diciembre del 2022 en San Pedro Sula y ante ello es preciso saber ¿quiénes son los responsables y si se dará con ellos?

Atañe a las alcaldías con asesoría de la Policía Nacional, la reglamentación sobre la fabricación, comercialización y uso de fuegos artificiales, así dictar medidas de seguridad a observar en las fábricas y puestos de venta, indica el artículo 15 de la Ley de Control de Armas de Fuego.  

Y el artículo 16, añade que las alcaldías deben regular la fabricación, venta y uso de fuegos artificiales y de cohetes de menor densidad, cuyas medidas son: De 1 ½ pulgadas de largo por un ¼ de diámetro, quedando prohibido la producción y distribución de cohetes de mayor densidad.

En Honduras es una tradición en esta época, la venta de pólvora es de los negocios más lucrativos, la población la compra para celebrar el nacimiento de Jesús y despedir el año, pero ante falta de regulación, se venden artefactos que superan la norma y son una latente amenaza contra la vida particularmente menores.

LEER: No pongan pólvora en las manos de los niños, clamor de expertos

Consecuencias de la cultura de guerra  

¿La muerte de un menor, puede considerarse como un crimen? Le consultó Proceso Digital al criminólogo Nery Ordóñez y respondió: desde mi punto de vista hay una responsabilidad penal, civil y moral, los tutores y las autoridades tienen que ver en sucesos como estos, sin embargo, es un caso que debe ser investigado desde su raíz.

“Como sociedad estamos fallando, es preciso reflexionar hacia donde estamos llevando a las nuevas generaciones, las tenemos expuestas porque descuidamos la responsabilidad que nos compete a cada quien, un niño no sabe que un explosivo puede hacerle daño, ahí es donde debe aparecer el familiar o el tutor, si no es así, la falla es nuestra”, añadió el experto.

Ordóñez, sugiere acelerar acciones legislativas que regulen  con rigurosidad  este tipo de casos, pero además que se aplique oportunamente la ley porque de lo contrario más vidas estarán en riesgo, se trata de artefactos prácticamente de guerra, es evidente que hay un error desde la institucionalidad hasta de orden moral, porque son actividades comerciales no permitidas.  

“Aquí hay un problema de educación, a nosotros nos emociona escuchar que truene, tenemos un aspecto muy afín a la guerra, incluso, los niños desde temprana edad, cogen esa mentalidad de escuchar disparos y eso es lo que hoy nos tiene con resultados lamentables como este, la muerte de un menor que en su inocencia fracasó”, subrayó.

Cerró en que “ya debería haber una investigación que de luces de lo ocurrido, para saber cómo se dieron los hechos, quienes están involucrados, quien vendió el mortero o lo compró, debe sentarse un precedente, si no, seguiremos teniendo sucesos que lamentar, lo que ocurrió en SPS, es ilegal ahí hay una prohibición de venta de pólvora y no se está cumpliendo”, concluyó.

Prohibir la venta de pólvora en toda Honduras

Vicente Fernández Pineda,  secretario general de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), refirió que es oportuno que los padres de familia, no solo de los afectados, todos en general, analicen el contexto en que se desarrolla la población infantil, ya que la pólvora es solo una de tantas amenazas que vulneran los múltiples derechos que tienen.

La investigación debe revelar ¿Cómo es que la pólvora llega a las manos de los niños? Y actuar, porque de no atender esa situación cuando ya hay víctimas mortales, solo dejaría entrever que la niñez no es una prioridad para quienes toman decisiones. No es posible que los adultos sean quienes pongan en peligro a los menores, esas prácticas deben cambiar, zanjó.

“Esto puede considerarse como un homicidio, porque se proporcionan los medios para que ocurran sucesos de muerte, lamentable que haya gente que solo por hacer dinero hacen cualquier producto sin importar las consecuencias que este podría ocasionar, el Código de la Niñez, es claro,  penalización del comportamiento adulto frente a un menor de edad”, refirió.

El defensor de los derechos infantiles, insistió en que no puede haber un niño mutilado por esa causa y no se haga nada al respecto si todavía hay una vida de por medio, ver situaciones como eso causa indignación, deja costosos gastos y daños irreparables, eso indica que no se están generando las condiciones apropiadas para un desarrollo saludable y adecuado de la niñez.

¿Cuál es la solución entonces? se le planteó a lo que respondió, que deduzcan responsabilidades de casos como estos, debe haber consecuencias penales y que se prohíba la venta de pólvora en todo Honduras, porque esa actividad no está dejando resultados positivos y seguiremos teniendo a los fabricantes, comerciantes, a los padres de familia y al Estado como responsables de esos daños”, finalizó.   

Los decomisos de pólvora no han sido suficientes

Alejandra Jiménez jefa de operaciones del juzgado municipal, asegura que alrededor de cuatro cargamentos de pólvora valorados en dos millones de lempiras ha decomisado la policía municipal, en el Distrito Central.

Lo anterior demuestra que aun en los municipios donde hay prohibición de pólvora, la población logra adquirir los explosivos aumentando el riesgo de que los menores manipulen la pólvora y salgan lastimados.

JP

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