“Una cosa por otra”. El 27 de noviembre de 2021, Honduras asistió masivamente a las urnas para desplazar del poder político de la nación a un grupo de personas que tenía como denominador común autoritarismo, corrupción, irresponsabilidad, maldad, irrespeto al estado de derecho y ausencia de empatía con los gobernados, entre otras características que dañaron al pueblo por 12 años continuos.
Una de las principales críticas a la administración que ha salido del Poder Ejecutivo, pues mantiene la segunda fuerza en el Congreso Nacional y el control de la Corte Suprema de Justicia, fue la concentración de poder y el abuso que ejercieron emitiendo leyes para limpiar desafueros cometidos de todo tipo. Lo hicieron meses antes de su salida. Ahora, sin certeza que lo legislado está basado en derecho, el gobierno entrante sanea pecados cometidos de 2006 a junio de 2009 y posteriores, algunos de los cuales tienen la condición de imprescriptible según la constitución hondureña.
El poder del voto ha permitido a los actuales gobernantes del poder ejecutivo acceder al mando de la nación que de manera lenta se va conformando, puesto que la mayoría de las entidades descentralizadas y desconcentradas se encuentran sin titulares o esperando sustitutos. Este es un asunto déjà vu en los inicios del gobierno de 2006 y que insiste en reincidencia evidenciando falencias de anticipación y preparación para gobernar.
El mandato del pueblo a los actuales gobernantes fue claro y contundente. Pero al mismo tiempo no otorgó un cheque en blanco para que continuara la administración de desmanes. La estructura, tanto a nivel de los tres poderes del estado como en el ámbito local (alcaldías), quedó conformada de tal manera que eliminó el poder absoluto que funcionó en los últimos 12 años, pero con mayor ímpetu en el último cuatrienio con un gobierno espurio que no debió existir, pues se constituyó mediante una reelección inconstitucional.
El pueblo hondureño, a pesar de todas sus dificultades ha demostrado una y otra vez, la madurez política necesaria que impidió que las guerras civiles ocurridas en el vecindario tuvieran cabida en la nación hondureña. Una madurez que no observa correspondencia por parte de la clase política que ofrece resolver los problemas del país cuando demuestra reiteradamente su vocación natural a profundizarlos. La ausencia de Congreso Nacional por doce días, desintegrado en dos facciones del partido que ganó el ejecutivo, evidencia la gravedad de la ausencia de lucidez en momentos que se requiere iniciar a marcha forzada la corrección de dificultades heredadas. Herencia a la que no conviene culpar de todo lo que está en pausa, cuando parte del diferimiento innecesario es responsabilidad de la nueva administración. Y cuando se busca con denuedo el poder de la nación, se sabe que se adquieren activos y pasivos aparte que gobernar no es tarea fácil. Quejarse, es preocupante señal de numerosas debilidades. Es urgente que el país retome la normalidad. La crisis del congreso está provocando la pérdida de tiempo precioso. Y salvo que exista alguna agenda escondida, el impasse debe resolverse a la mayor brevedad. Por el bien de gobernantes y gobernados, más éstos que, durante casi 60 días, esperaron con ilusión y esperanza el arribo de un nuevo amanecer. El pueblo hondureño no espera ni desea un quid pro quo.
