Tegucigalpa – El exfiscal General de la República, Edmundo Orellana, considera que la cárcel, no es un castigo que termina por hacer justicia a los corruptos, por lo que propone que sería mejor quitarles todo lo que se han robado de la administración estatal.
Orellana cuestionó el hecho de que la corrupción esté impregnada en todos los sectores de la sociedad hondureña y ante ese flagelo existe una tibia lucha para poder contrarrestarlo y eso solo ha incrementado los niveles de impunidad en Honduras.
“Esta vez, los políticos nos vieron la cara de tonto, nunca me imaginé que llegaran a esos extremos”, manifestó Orellana a Proceso Digital, al referirse a las recién pasadas elecciones primarias e internas celebradas el 14 de marzo de este año.
Además, piensa que la institucionalidad en Honduras es débil, y mientras no sea fortalecida, seguirán teniendo ese tipo de problemas, que a su juicio ya es sistemático, pues el nuevo Código Penal favorece más la corrupción que la propia justicia.
Según Orellana, las investigaciones por corrupción o lavado de activos en Honduras, no llegan a concretarse porque hasta el Ministerio Público, tiene problemas para obtener información sobre las grandes transacciones para desviar dinero por parte de funcionarios del Estado.
“Todas las transacciones se hacen en los bancos, ese dinero no se repartió en las calles, como es posible que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) no se dé cuenta de ese tipo de movimientos”, increpó.
En ese sentido, señaló que en el nuevo Código Penal “se rebajaron las penas a delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, también de otros, pero son estos en los que precisamente donde más están involucrados los políticos y eso es lo que más afecta al país”.
“No se trata de meterlos a la cárcel, eso es sencillo, porque si una persona se roba 10 millones de lempiras, lo meten preso, no le quitan nada, qué es lo que pasa que cuando sale de prisión, él tiene ahí el dinero que se ha robado”, argumentó.
De esta manera, propone que “un castigo más justo y que más afecta a un corrupto o lavadores de activos, es que le quiten los bienes, que se haga una proporción del daño causado al Estado de Honduras y se le quite todo lo que pudo haber causado con ese ilícito”.
Reiteró que la ley debería considerar “no meter presos a los corruptos, pero que se les quite todo, que se queden en la indigencia, que se mueran de hambre en la calle, así como ellos han dejado a muchas personas en las calles”. JP
