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PSH confirma que presentó una iniciativa para reformar decreto de amnistía política

Tegucigalpa – Ligia Ramos, diputada por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras (PSH) confirmó este miércoles que enviado ante la secretaría del Congreso Nacional (CN) una iniciativa para reformar el decreto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.

La parlamentaria reconoció que la propuesta se presentó de manera tardía ante la Cámara Legislativa, pero que si la misma hubiese sido presentada al siguiente día del que se aprobó, también era tarde porque una vez entrada en vigencia habría sido utilizada en Honduras.

“El proyecto de reforma consiste en que primero se tiene que definir bien lo que es un delito político, delito común conexo y lo que es persecución política y víctimas, que son conceptos que no están en la Constitución de la República, ni en el Código Penal”, dijo la legisladora.

Concluyó explicando que su iniciativa “en segundo lugar, define el catálogo de delitos, ya que se adecuó a lo que son delitos políticos, además se refiere al resarcimiento de las víctimas que era algo que no lo contenía el anterior decreto, esto tiene que ser algo integral y no solo sacar a la gente de la cárcel, sino que el Estado por una mala acción pueda resarcir a la persona”.

La amnistía abarca a personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado.

Además quienes fueron requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra la destitución de Zelaya Rosales del poder  y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.  

La normativa incluye delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada. JP

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