Tegucigalpa– Del 17 al 21 de febrero está programada la celebración del juicio oral y público en contra de Mario Roberto Zelaya Rojas, acusado en mayo pasado de ocho delitos de corrupción que habría cometido durante fungió como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Por esta causa, en audiencia de proposición de pruebas el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción admitió 36 medios probatorios presentadas por el Ministerio Público, entre pruebas periciales, documentales y testificales.
Esta ocasión, Zelaya Rojas enfrenta la justicia por cuatro delitos de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
En esta última línea de investigación presentada ante los juzgados de la República, también se acusó al exjefe de compras del IHSS, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia) por cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios y al empresario Roberto Alejandro Bandes Atuán (sobreseído, decisión por la que se prepara una acción de amparo) por lavado de activos y cuatro delitos de encubrimiento.
El Ministerio Público logró develar cómo Roberto Alejandro Bandes Atuán, amigo de Mario Roberto Zelaya Rojas, en el 2013, se sumó al esquema de saqueo y blanqueo de capitales del IHSS, recibiendo cinco millones 350 mil lempiras de tres empresas fachadas, fantasmas o de maletín y otros cuatro millones 291 mil lempiras de líneas de crédito extendidas a favor de una agencia de viajes.
Según las investigaciones, Bandes Atuán, valiéndose únicamente del hecho de ser allegado al exdirector del Seguro Social, recibió cheques de las empresas fachadas Sumimed, Sarper y Copromed, fondos que utilizó para incrementar su capital. En el caso de la touroperadora Destinos de Éxito, el encausado compró una gran cantidad de pasajes aéreos a nombre de Mario Roberto Zelaya Rojas, su familia, funcionarios de esa institución y personas particulares.
Cabe mencionar, que las órdenes para que se emitieran irregularmente estos pagos salieron de la dirección general del IHSS y del departamento de Compras, Materiales y Suministros.
En total, mediante la suscripción fraudulenta de contratos de prestación de bienes y servicios entre el IHSS y empresas fachadas, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Público registró y documentó la sustracción de casi 300 millones de lempiras de las arcas estatales, mecanismos ilícitos por los que ya guardan prisión y han sido condenados decenas de personas.
Por corrupción en el IHSS hay cerca de alrededor de 50 implicados con proceso penal.
