Tegucigalpa – La MACCIH, sigue siendo una piedra en el zapato que incomoda a sectores políticos y a determinadas castas de poder.
Aunque todavía falta más de un año para que expire el convenio suscrito por el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA), que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), el debate entre quienes consideran que el acuerdo debe ser renovado y los que consideran que la institucionalidad del Ministerio Público y el Poder Judicial ya está lista para caminar por sí sola, ya sobresale en el ámbito nacional.
Desde sus inicios hasta la fecha, la MACCIH se ha convertido en la acompañante del Ministerio Público en la presentación de más de cuatrocientos imputados, entre funcionarios, exfuncionarios, diputados y exdiputados, así como ONG, empresarios y personas naturales que han sido encausados por presuntos hechos de corrupción que representan más de nueve mil millones de lempiras saqueados del tesoro público.
Los datos están registrados por el sistema de monitoreo del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Estados Unidos.
Con su información y monitoreo este mecanismo busca fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. Y en su último informe se indica que solo en 2018 los casos presentados por el MP acompañado por la MACCIH en cuanto al despilfarro o saqueo de dineros públicos, en ocho casos judicializados, es superior a los nueve mil millones de lempiras.
El titular de la CSJ dijo que el convenio de la MACCIH es por cuatro años y que llevan tres años trabajando y que el próximo año deberán ver si la misma es renovada.
Se instala el debate
Pero el debate de la permanencia o no de la Misión anticorrupción en Honduras surgió a inicios de este mes, cuando el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, encendió las alarmas dentro de las organizaciones de la sociedad civil y algunos diputados cuando manifestó que la conclusión de la MACCIH “esta medianamente cerca”, durante una comparecencia televisiva.
“Esta medianamente cerca el día que podríamos caminar solos”, respondió el presidente de la CSJ cuando se le interrogó sobre el futuro de la misión, un ente apéndice de la OEA, establecido para ayudar a combatir la corrupción e impunidad en Honduras.
Argueta recordó que el convenio entre el Ejecutivo hondureño y la OEA que dio vida a la MACCIH es por cuatro años de los cuales ya han pasado tres y el próximo año se deberá definir si el convenio es renovado o no.
Argueta arguyó que la “estadía (de la MACCIH), debe ser temporal” e hizo un parangón al comparar la asesoría de la Misión con los niños a quienes se acompaña hasta que comienzan a caminar.
Indicó que una vez que concluya el mandato de la misión de la OEA tendría que revisarse el convenio o hacer consultas con diversos sectores para tomar una decisión sobre la continuidad de esta.
No obstante, reconoció el trabajo de la MACCIH en Honduras mediante el acompañamiento activo a las entidades gestoras de justicia.
Un grupo de 13 jueces y magistrados de lo penal con competencia nacional en materia de corrupción fueron presentados.
En el caso del Poder Judicial aludió que se creó el circuito anticorrupción, con un Juzgado de Letras, un Tribunal de Sentencia y una Corte de Apelaciones en la materia.
Acotó que la misión también colabora con la unidad de protección de los empleados, funcionarios y defensores públicos que se está próxima a implementar en las siguientes semanas.
Admitió que “antes sentíamos presiones en el Poder Judicial por parte de la MACCIH, ahora no sentimos eso, vemos un respeto”, afirmó al referirse que en la vocería de Juan Jiménez Mayor había más presión, pero con el nuevo coordinador Luiz Antonio Marrey Guimarães ha mejorado ese respeto.
“Reconozco la labor que hace la MACCIH en el país”, aseveró Argueta quien reiteró que la terminación del trabajo de la Misión está medianamente cerca.
Acciones contra la Misión
Pero el trabajo de la MACCIH, en sus tres primeros años, ha navegado por aguas turbulentas y arenas movedizas ya que su legitimidad se puso en riesgo mediante recursos de inconstitucionalidad en su contra lo que abarcó también la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP).
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP).
Fue así como el 20 de marzo de 2018 por unanimidad de votos, la Sala de lo Constitucional de la CSJ, admitió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del convenio de la MACCIH, un recurso legal interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano, apoderado de los ex diputados Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez, Denis Sánchez y Héctor Padilla y los miembros de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoleón Panchamé Banegas.
El recurso hacía referencia al decreto legislativo 23-2016, del 7 de abril del 2016, mediante el cual se ratificó el convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA para el establecimiento de la MACCIH.
Sánchez Cantillano, argumentó la inconstitucionalidad del convenio contra la forma, la aprobación y el contenido del decreto legislativo que dio vida a la misión anticorrupción.
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto legislativo 23-2016.
Sin embargo, el 30 de mayo de ese mismo año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto legislativo 23-2016 que dio vida a la MACCIH, de acuerdo con una resolución de esa dependencia del Poder Judicial.
De acuerdo con la resolución “de manera coherente a los estudios y conclusiones plasmados en los considerandos de esta sentencia la que se emite conforme al artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a ser ‘clara, precisa y exhaustiva’ y en acatamiento a la Constitución de la República, la supervisión, evaluación, colaboración activa, investigación, persecución penal, establecido en el convenio, deben ser interpretados y aplicados conforme a nuestra Constitución Política”.
Coalición para la renovación
Ante la posibilidad de que el convenio con la MACCIH sea revocado el próximo año, un grupo de diputados y exdiputados al Congreso Nacional con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil demandaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la ampliación de la vigencia del convenio de la MACCIH.
El planeamiento fue formulado ante el temor que el acuerdo suscrito entre el gobierno de Honduras y la OEA el 19 de enero de 2016, con una duración prorrogable de cuatro años, concluya y no se logre el objetivo de llevar a la cárcel a los corruptos.
El convenio entró en vigencia el 19 de abril de 2016, por lo que su vigencia expira el 19 de abril de 2020. De ahí la urgencia de los congresistas y de organizaciones civiles para conformar un bloque y pedir al secretario general de la OEA, como parte firmante, que impulse su ampliación.
Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH expone la Ley de Colaboración Eficaz a organizaciones de sociedad civil.
Los diputados y exdiputados forman o formaron parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH y ahora se han unido en lo que ellos llaman la Coalición para la Renovación de la MACCIH.
Mediante una carta dirigida a Almagro la coalición señala que están convencidos que Honduras, tiene todavía grandes desafíos que resolver en su sistema de justicia.
Como argumento los miembros de la coalición señalan que el sistema de Justicia Civil y de Justicia Penal de World Justice Project, sitúa a Honduras en la posición 99 y 111, de 113 países evaluados.
Asimismo, que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional clasifica a Honduras, tanto en 2017 como en 2018, con 29/100.
Los intocables
Carlos Hernández, dirigente de la
sociedad civil.En ese sentido, el dirigente de la sociedad civil, Carlos Hernández, dijo a Proceso Digital que la MACCIH es el resultado de la demanda ciudadana por tener menos impunidad, fortalecer nuestras instituciones y que se reduzca la corrupción, en ese sentido la condiciones persisten y por ello la MACCIH debe continuar en el país, indicó.
“En Honduras todavía tenemos sectores intocables, la corrupción sigue siendo alta y no contamos con un sistema integral que prevenga la corrupción, tenemos que seguir adelante y todos los hondureños de bien que soñamos con un mejor país deberíamos apoyar los esfuerzos internacionales como la MACCIH para seguir la lucha contra la corrupción”, arguyó.
La coalición está integrada por unas 50 organizaciones de la sociedad civil y diputados de diferentes bancadas que coinciden que la Misión ha acompañado al Ministerio Público y a su unidad UFECIC, logrando llevar a la justicia a al menos ocho emblemáticos casos de corrupción.
Trabajo reforzado
El convenio de la MACCIH se suscribió luego de la presión ciudadana, que en el año 2015 salió a protestar a las calles exigiendo el combate a la corrupción y el cese a la impunidad.
En su informe de octubre pasado, la misión indicó que después de los cambios ocurridos en febrero de 2018, la MACCIH ha continuado trabajando y consolidando sus actividades.
Una de las últimas conferencia de la Misión OEA-MACCIH en Tegucigalpa con su anterior vocera
Destaca que la llegada de nuevos funcionarios nacionales y extranjeros ha reforzado el equipo de trabajo, sumándose a aquellos que ya se encontraban en la Misión, ha garantizado el cumplimiento de los objetivos previstos en el convenio.
Refirió que, en marzo de 2018, fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el Congreso Nacional el que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia y analizado consecuentemente.
En ese sentido, organizaciones de la sociedad civil, actores políticos y económicos hondureños y la comunidad internacional se pronunciaron durante varios meses en apoyo a la MACCIH.
Fue así como el 29 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional se ´pronunció sobre el recurso y estableció que la MACCIH es constitucional y no va en contra de lo establecido en la Constitución de Honduras. En ese momento también se había intentado menoscabar al Ministerio Público y cortarle una de sus potentes unidades, la UFECIC
Con esta decisión del más alto tribunal hondureño, es reforzado el trabajo de la Misión para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo I del convenio, señala el informe.
