Tegucigalpa – Honduras debe afrontar en bloque, la defensa de los inmigrantes hondureños propuso este sábado el titular de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, al tiempo que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, anunció que uno de los temas centrales en su agenda de cara a la asamblea general de la ONU, está relacionada con los derechos de los migrantes.
Este país, con una migración activa fluida, a consecuencia de la violencia y la falta de oportunidades, tiene su principal diáspora en los Estados Unidos, donde radican más de un millón de hondureños, entre documentados e irregulares.
España, México y Canadá también son lugares apreciados por los migrantes catrachos.
Ante ese fenómeno y las nuevas realidades y amenazas que afectan la migración, el presidente Hernández anunció en las últimas horas que Honduras abogará en la asamblea de las Naciones Unidas por los derechos de los migrantes.
De su lado, el comisionado hondureño dijo que “debemos unir la acción coordinada del gobierno con la sociedad civil y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), para trabajar conjuntamente y apoyar a los inmigrantes que están siendo afectados no solo por los desastres naturales, sino que, por algunas decisiones en el extranjero, apuntó.
TPS
Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el futuro de unos 57 mil inmigrantes hondureños que han estado viviendo en ese país bajo el Estatus de Protección Temporal es incierto por la nueva y dura política migratoria de Washington, lo que ha mantenido a las autoridades y activistas hondureños en pleno cabildeo para lograr la ampliación o un estatus que ofrezca estabilidad a sus connacionales.
Aunque la Casa Blanca no ha dicho si ampliará o no a partir de enero de 2018 el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) vigente, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, John Kelly, recordó hace unos meses recientes que esa iniciativa no es por tiempo indefinido y que los inmigrantes en algún momento deberán regresar a sus países.
Ante lo expresado por Kelly, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inició una jornada para abogar ante altos funcionarios de EE.UU. por la ampliación, a partir de enero de 2018, de un nuevo TPS a favor de los inmigrantes hondureños que actualmente son favorecidos con ese programa.
Hernández planteó su petición sobre un nuevo TPS al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a Kelly, con quienes se reunió en Miami con ocasión de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica.
El TPS actual, por 18 meses, es el decimotercero de EE.UU. a inmigrantes hondureños, que en su mayoría viajaron a ese país después del paso del huracán Mitch, a finales de 1998, que dejó en Honduras más de 5.000 muertos y millonarias pérdidas económicas.
Hernández espera que EE.UU., como parte de la estrecha relación de cooperación con Honduras, haga una «especial consideración» para los inmigrantes hondureños que se benefician con el TPS, quienes representan además una de las principales fuentes de divisas para el país centroamericano.
Una eventual suspensión del TPS por parte de EE.UU. también afectaría a miles de salvadoreños y nicaragüenses.
Para frenar la migración de centroamericanos a EE.UU., Washington aprobó en 2015 unos 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde migran hacia Estados Unidos muchas mujeres y niños.
Pero esos recursos, que están siendo desembolsados gradualmente, no garantizan que cese la migración de centroamericanos, muchos de ellos huyendo por la violencia criminal causada por pandillas conocidas como «maras».
Deploran acción de Trump frente al DACA
Honduras también ha lamentado la decisión ejecutiva, tomada en los Estados Unidos de América, de revocar, el programa de protección de la deportación, a miles de jóvenes inmigrantes, conocido como DACA.
El defensor del pueblo, Herrera Cáceres también ha hecho lo propio y este sábado, en un comunicado externó su insatisfacción.
El 5 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), producto de una orden ejecutiva de Barack Obama, que protegía a los jóvenes sin documentos de la deportación y pidió al Congreso de Estados Unidos que lo reemplace con leyes antes de que expire por completo el 5 de marzo de 2018.
Se calcula que más de 750,000 inmigrantes indocumentados están adscritos al programa, de los cuales unos 21,000 son hondureños.
El Ombudsman expresó su preocupación y destacó la responsabilidad que hay de proteger y respetar la dignidad del ser humano en donde se encuentre, ya que sus derechos humanos son universales.
Señaló que los jóvenes que podrían ser afectados por esa decisión han sido valorados por sus aportes constructivos a la sociedad norteamericana, y, por todo ello, en el período de 6 meses que se ha dado para que el Congreso norteamericano adopte legislación aplicable, es crucial hacer incidencia en los legisladores de ese país.
Lo importante es lograr una legislación que permita una solución favorable permanente, tanto para los inmigrantes hondureños como para todas las personas que se encuentran en esa situación, precisó.
Agregó que, mientras tanto, se les debe brindar todo el respaldo legal que necesiten para que ejerzan su derecho al debido proceso u otras medidas basadas en los tratados de derechos humanos y que sean parte de la legislación federal norteamericana y del Derecho Internacional Consuetudinario, para contribuir oportunamente con la solución y no esperar únicamente lo que sucederá al final del período de seis meses.
Recomendó empezar a activar en los Estados Unidos con aquellas personas que pueden influir en el ánimo de los legisladores, de las personas en el Senado para lograr una legislación que tome en cuenta las condiciones del inmigrante.
Añadió que como hondureños “debemos tratar ese tema y así dar una visión en conjunto para proteger a nuestros inmigrantes indocumentados, a los inmigrantes afectados por los fenómenos naturales, al inmigrante joven, al que es padre y al inmigrante trabajador”.
Sostuvo que una tarea importante es que haya unidad nacional e internacional entre el gobierno, sociedad civil, el CONADEH y muchas organizaciones norteamericanas que colaboran poniendo a disposición abogados que no cobran honorarios y que trabajan con nuestras comunidades.
Como ente del Estados hondureño estamos para acompañar, escuchar y buscarle solución a los problemas de nuestras inmigrantes, expresó.
Añadió que, de ahora en adelante, no se les tiene que dejar solos y que lo importante es romper esa práctica del pasado que solo estábamos dependiendo de ellos e indiferentes a sus sufrimientos.
Finalmente indicó que promoverá acciones en el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y ante la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), para encontrarle una solución a esta problemática que afecta a miles de inmigrantes.
