Tegucigalpa – La producción de alimentos es otro de los frentes que será afectado con la Ley de Justicia Tributaria que enviará en los próximos días el Poder Ejecutivo al Parlamento hondureño.
– Son más del 70 % de los gastos tributarios en beneficios fiscales están dirigidos a beneficiar a la población particularmente en la exención de la canasta básica que suma 25 mil millones de lempiras, cifró la iniciativa privada.
– “Una hambruna tremenda” avizora el designado Salvador Nasralla como impacto por las reformas tributarias que afectarán al productor.
Las alarmas siguen encendidas en el sector económico y productivo porque alegan que gran parte de las exoneraciones están destinadas a beneficiar a los consumidores mediante la exoneración de la canasta básica e igualmente a beneficiar a los productores del campo.
La normativa, alega el gobierno pretende parar el abuso de las exoneraciones fiscales, que según el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, suman 59 mil millones de lempiras anuales.
Igualmente, el gobierno asegura que en la nueva Ley de Justicia Tributaria los agricultores son prioridad para el Estado de Honduras, para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural.
De su lado, el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, rechazó que la empresa privada goza de 59 mil millones de lempiras en perdones fiscales.
“Es un comentario erróneo y es faltarle la verdad al pueblo hondureño. Son más del 70 % de los gastos tributarios en beneficios fiscales para la población particularmente en la exención de la canasta básica que suma 25 mil millones de lempiras, cuatro mil millones de lempiras en exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas naturales, particularmente maestros y personas de la tercera edad y para el sector productivo a través de incentivos fiscales únicamente se concentran alrededor de 19 mil millones de lempiras equivalentes al 30 % de las exoneraciones fiscales para el 2021”, explicó.
Kaffati defendió que los regímenes fiscales, que pretenden eliminar, generan 246 mil empleos formales.
Mientras, el designado presidencial Salvador Nasralla citó que se están derogando leyes que apoyan al agricultor hondureño, “ya tenemos problemas para producir y con esta ley prácticamente no se va a producir nada, entonces habrá una hambruna tremenda”, externó.
En la misma vía se pronunció el titular del Cohep, Mateo Yibrin, que aseguró “no entendemos la política contradictoria del gobierno que quiere fomentar la producción nacional de alimentos y está derogando los únicos incentivos del agricultor”.
Políticas sin mucho pensamiento
Para el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, la pretensión de quitar incentivos a la inversión “son decisiones a la carrera, en cierto momento políticas y sin mucho pensamiento, para distraer la atención del público de los verdaderos problemas”.
A consideración de Ruiz, la pretensión del gobierno de captar más impuestos con la Ley de Justicia Tributaria no resultará y contrario a eso, prevé que va generar cierre de más puestos de trabajo, además de hacer un país totalmente hostil y no atractivo para inversión tanto nacional como extranjera.
“El capital extranjero es necesario para darle un impulso a esta economía. He escuchado a ciertos funcionarios diciendo que eso no es la panacea y que eso no ayuda en nada. Yo creo que hace falta mucha información de parte de quienes están tomando esta iniciativa”, recomendó el empresario.
Al derogar iniciativas de incentivos, la mayoría de hondureños que se desempeñan en sector formal son los que se ven afectados, dijo tras recordar que la creación de éstos se da cuando los estados le apuestan a sectores o rubros apoyándoles con otorgamiento de iniciativas fiscales que dan competitividad a sectores que le interesan.
En el campo agroindustrial o de producción, ejemplificó, un productor va a pagar por un tractor un 15 %, lo que hace esta reforma tributaria es disuadir a las personas de comparar este equipo y no modernizarse a meter tecnología.
Ruiz refirió que para el caso, la industria del turismo ya fue golpeada al quitar la ley de empleo por hora, “y ahora andan a la carrera tratando de meter una iniciativa porque viene Semana Santa”, afirmó.
“Ahora se le van a quitar incentivos a la inversión en turismo en cosas que el país tiene que ofrecer, que tiene potencial ilimitado y por decisiones a la carrera, en cierto momento políticas y sin mucho pensamiento, buscando un enemigo y el enemigo perfecto como que es el sector privado, para distraer la atención del público de los verdaderos problemas que no se ha hecho mucho”, señaló.
(LEER) Ley de Justicia Tributaria quiere destruir y poner en mal a la empresa privada: CCIT
Aspecto ideológico en normativa
De su parte, Mario Lovo, ganadero y directivo de Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), dijo a Proceso Digital que aunque reconocen cosas buenas en las reformas tributarias, lo que se debe hacer es revisar las actuales leyes ya que no se puede dejar de lado que existe un aspecto ideológico en la agenda de reformas.
“Queremos creer que está motivada -la ley- con el único propósito de frenar los abusos que se han cometido durante mucho tiempo en el país a través de los regímenes especiales o regímenes fiscales que existen”, sin embargo, no se puede dejar de sentir que la reforma tributaria tiene un aspecto ideológico y partidario, por ende muy ligado a promesas de campaña.
“Esta ley tiene partes muy buenas y por eso en el sector privado nuestra posición es no estar de acuerdo con una nueva ley que va a modificar lo ya existente, estamos más inclinados a que la leyes actuales sean revisadas”, declaró el directivo ganadero.
Si al revisar las leyes actuales se descubre qué empresas han cometido abusos, deben recibir su castigo, pero bajo los parámetros que la misma ley ya establece, razonó.
Pero meter a todas las empresas en un mismo saco, es algo injusto, meditó al tiempo que dijo que si ahora se cambian las reglas del juego deja mucho que desear en la seguridad jurídica.
“Se debe mencionar la cantidad de empleos que se perderían si estas empresas dejaran de trabajar en Honduras”, externó.
“Estamos a favor de una revisión y el que cometió errores o actos ilegales que sea castigado, la ley misma ya establece los castigos, no entendemos por qué una nueva ley, solo por el nombre de justicia tributaria; no puede ser”, rechazó.
Insistió que aunque existen muchas cosas buenas, no se puede separar el contenido ideológico dentro de una reforma tributaria.
Impacto será para el pueblo
Los costos de producción para grandes, medianos y pequeños productores tendrían un incremento que inevitablemente sería trasladado al consumidor final una vez el gobierno elimine las exoneraciones al sector agroindustrial del país, como lo plantea la Ley de Justicia Tributaria, indicó a Proceso Digital la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo.
“En el agro quieren derogar una ley donde el incentivo son las exoneraciones y exenciones del impuesto a materias primas, insumos como fertilizantes, agroquímicos, sistemas de riego, maquinaria agrícola, por ende, subirían nuestros costos de producción para grandes, medianos y pequeños productores”, detalló Gallardo.
Ese costo, explicó la dirigente de agricultores y ganaderos, “tendríamos que trasladarlo al precio de lo que producimos, a los alimentos, por ende, se verá afectado el precio de los productos de la canasta básica, y será afectado el consumidor final”, puntualizó.
Asimismo, explicó que quitando los incentivos fiscales, las empresas se vuelven menos competitivas, y que en el caso que cierren, se dejan de generar empleos, impactando de forma negativa en la economía de las familias hondureñas.
Quedaremos fuera de competitividad
El productor ganadero en el Valle de Sula, Sergio Villar,dijo que es preocupante la situación con la reforma tributaria porque es uno de los que ha venido gozando de las exoneraciones en los últimos años, lo que a su criterio ha sido un paliativo en la producción nacional.
“Con todos los problemas que ha habido, climático también y de todo tipo, todavía no se ha logrado recuperar al 100 %, pero esta normativa nos traerá serias consecuencias, nos va a dejar fuera de competitividad a nosotros los productores”, acotó.
Enfatizó que “si nos pretenden quitar esos beneficios que tenemos vamos a quedar fuera de competitividad en el marco de producción”.
Detalló que entre las exoneraciones figuran los implementos agrícolas y la exención del impuesto sobre ventas, mismo que no trasladan al consumidor final.
Villar citó que “hace unos años producíamos 1 millón 800 mil quintales de arroz, actualmente creo que vamos a llegar a 800 mil quintales y con este 0 % de arancel que tiene el gravamen de las importaciones va a caer más la producción”.
Secuelas en recibo de energía
La propuesta de ley que impulsa el Ejecutivo pretende gravar con impuestos sobre venta (ISV) los sectores agroindustrial y la importación de combustibles destinados a la generación de energía eléctrica.
Así advirtió el presidente del Artículo 19, Darwin Ponce, indicando que en el sector agroindustrial estaba exento del pago del ISV en el decreto 119-2016.
Detalló que actualmente está exentos la entrada al país de la maquinaria, equipos, herramientas e insumos para coadyuvar a mantener precios accesibles de los productos finales del sector agroalimentario.
“Cuando los productores quieran importar o comprar insumos, herramientas, equipo y maquinaria van a tener que pagar impuestos sobre venta”, dijo a Proceso Digital.
Asimismo, Ponce señaló que se pretende gravar con un 15 % del ISV la importación de combustibles destinados a la generación de energía eléctrica.
Significa que las empresas que están generando energía eléctrica a partir de combustibles van a trasladar ese valor al precio total de energía que le vende al Estado, explicó el defensor de los consumidores.
“Por consiguiente ese valor se verá reflejado en el incremento de la factura eléctrica, es uno de los detonantes de la inflación”, manifestó.
Alertó que esta situación provocaría que toda la canasta básica sea afectada. PD
