Tegucigalpa – La habilitación temporal de los batallones militares en Guatemala y Honduras comienza a sobrepasar el límite establecido de inquilinos privados de libertad, en especial los implicados en ilícitos ligados a la corrupción o la criminalidad organizada. Los recintos se encuentran desbordados, según las autoridades.
El avance de la delincuencia organizada y la incapacidad de los centros penales para albergar reclusos y ofrecer garantías mínimas de seguridad, llevó a los Estados a hacer de los batallones una especie de cárceles especiales para privados de libertad, muchos de ellos políticos, exfuncionarios, empresarios u otros de alguna relevancia pública.
Saturación y sentencias
German McNeilEn Honduras, el subdirector de centros penales German McNeil, dijo a periodistas que los batallones habilitados para recibir reclusos se encuentran copados y están viendo cómo atender esta problemática para poder descongestionar esas brigadas militares.
Uno de esos batallones que ha sobrepasado el límite es el Primer Batallón de Infantería—hacia donde algunos privados de libertad quieren ser trasladados—y que alberga a personajes de relevancia pública como exfuncionarios, políticos, empresarios y exdiputados y periodistas, entre otros.
Otra brigada militar es el II Batallón Táctico Especial, ubicado en Támara, Francisco Morazán, cerca de la penitenciaría nacional de Támara, el principal centro penitenciario del país.
En estos batallones militares se encuentran privados de libertad acusados, unos, y condenados, otros, por corrupción, narcotráfico y homicidio, entre otros delitos. Son en su mayoría figuras ligadas a escándalos de narcotráfico y a la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otras figuras delictivas. También se encuentran entre sus inquilinos extraditables.
El Primer Batallón de Infantería alberga a personajes de relevancia pública
En Honduras existen más de 20,500 privados de libertad distribuidos en los 25 centros penales del país y la población penitenciaria se ha disparado en más de un 10 por ciento, en el último año, según las autoridades a causa de los operativos policiales en el combate contra el delito común y de extorsión, además de la lucha contra las maras y pandillas.
Sólo en la cárcel de Támara se reportan más de cinco mil privados de libertad, cuando su capacidad real es para 2,500 reclusos. La saturación es de más del cien por ciento.
Del total privados de libertad que hay en el país, un poco más de nueve mil tienen sentencias firmes, mientras el resto está pendiente de ser juzgados y condenados.
La saturación en las cárceles y el hacinamiento en que se encuentran los reclusos es una de las principales observaciones que ejecutan las misiones nacionales e internacionales que realizan visitas in situ para verificar la situación de derechos humanos en las cárceles.
Ante esa sobrepoblación se habilitaron los batallones para albergar a privados de libertad cuya participación en los delitos que se les acusa es relevante y cuyas vidas requieren de protección especial.
Originalmente se había indicado que su estadía en las brigadas militares era temporal, pero con el paso del tiempo se han vuelto permanentes y ante las últimas acusaciones por delitos de impacto en corrupción, narcotráfico o las extradiciones, los batallones se han vuelto una especie de inquilinato de alto perfil.
La cárcel Mariscal Zavala está adentro de la brigada militar del mismo nombre, en la zona 1. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Brigada “Mariscal Zavala”
En Guatemala, una de las cárceles de máxima seguridad habilitada para albergar a inquilinos acusados de presunta corrupción ha sobrepasado el límite de huéspedes a partir de 2015 cuando la lucha contra la corrupción y la impunidad se intensificó en ese país centroamericano tras los casos presentados por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIG).
Es la cárcel de máxima seguridad “Mariscal Zavala”, habilitada temporalmente en una brigada militar en el 2010 para albergar, en ese entonces, a unas 20 personas de alta peligrosidad. Ahora esa cárcel albera a más de 265 personas, entre hombres y mujeres.
Uno de sus inquilinos emblemáticos es el expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, acusado por la CICIG de presunta corrupción, así como empresarios y ex funcionarios de su gabinete, además de otros ligados al actual gobierno del presidente Jimmy Morales.
Las autoridades guatemaltecas indican que los inquilinos corruptos de la cárcel de la Brigada Militar “Mariscal Zavala” han desbordado la capacidad de albergue. Solo en el llamado caso “La Línea”, referido a defraudación fiscal, y por el cual se acusa al expresidente Pérez Molina, se encuentran recluidas unas 22 personas, según las autoridades del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala.
Al fondo se observan las habitaciones que resguardan a los “reos vulnerables” de Mariscal Zavala. Foto: elperiodico.com.gt
Un trabajo del diario “El Periódico” de Guatemala indica que el desborde del hacinamiento en la cárcel “Mariscal Zavala” se agudizó a partir del 2015 cuando crecieron las denuncias y presentación de casos de corrupción por parte del Ministerio Público y la CICIG, y esa cárcel que se vio como una situación temporal, terminó siendo permanente.
Entre los argumentos que dan las autoridades para enviar a los reclusos que estiman de alta peligrosidad a la brigada militar guatemalteca es que, por ser recintos castrenses, disminuye el riesgo de fuga. No obstante, se han registrado fugas de ese centro de máxima seguridad.
En Guatemala, el sistema penitenciario se encuentra también colapsado y en los últimos 20 años no se ha creado ningún espacio para responder a la demanda, detalla en su trabajo el diario guatemalteco “El Periódico”.
No obstante, el tema de la corrupción y sus inquilinos está sacudiendo también los albergues militares temporales, bordeándolos en sus capacidades y obligando a los Estados a ver este problema desde un enfoque más integral y sistémico para no hacer de los batallones cárceles especiales de albergue a personajes de alto impacto.
