“La dirección (DIECP) tuvo que haber iniciado estas gestiones para investigar a la Policía, a los oficiales, a todos en su conjunto y después pasar a un proceso de investigación de aquellos que tenían dudas sobre la procedencia de sus bienes, pero no pasó nada”, lamentó.
Al mismo tiempo, acotó que “la dirección pudo haber actuado de una manera diligente, de una manera más comprometida y con mayor claridad”.
Según la rectora, a pesar de que no existía el personal para un cuerpo de investigadores, los miembros de esta dirección “deben tener la claridad de cómo hacer estos procesos”.
Agregó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Registro de la Propiedad y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) debieron brindarle el total apoyo a esta dirección para la ejecución del proceso de investigación.
“Lamentablemente pasaron tres meses y para enviar un oficio de solicitud de información, no se requieren 30 millones de lempiras, se requiere claridad, voluntad, firmeza y valentía”, apuntó.
La semana pasada, el titular de la DIECP, Óscar Manuel Arita, renunció al cargo, tres meses después de haber sido nombrado en el puesto, aduciendo problemas de índole personal. Aunque trascendió en algunos medios de prensa que había tomado la decisión por falta de apoyo gubernamental.
El Director Adjunto, Eduardo Villanueva, es el director por ley de la institución y se espera que en los próximos días se nombre en el cargo a una persona comprometida con la depuración policial.
