Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Aunque el gobierno señala que una de sus principales metas es la lucha contra la corrupción, los recursos asignados en el presupuesto aprobado más grande de la reciente historia del país: 407,137.5 millones de lempiras, destinados al tema de la transparencia y la lucha anticorrupción, entre ellos el Poder Judicial y el Ministerio Público, junto a otras dependencias vinculadas a la lucha contra la corrupción, apenas supera en conjunto, más de 10 mil millones en comparación con las secretarías de Seguridad y Defensa cuyos montos ligados sobrepasan los 23 mil millones de lempiras.
La lucha contra la corrupción en términos de cifras sigue siendo desigual dentro del principal instrumento de planificación del país como es el Presupuesto de la República, pues dos dependencias gubernamentales tienen más recursos asignados que el propio Poder Judicial y el Ministerio Público por citar un caso.
La recién creada Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción tiene una partida presupuestaria de 207.5 millones de lempiras, muchos de esos recursos se destinan al pago de sueldos y salarios, entre otros gastos. Esta Secretaría se estima que es el principal brazo de combate de lucha anticorrupción del actual gobierno de la presidenta Castro que abanderó en su promesa de campaña un combate frontal a la corrupción y la promoción de la transparencia. En comparación al 2023, le aumentaron un poco más de 50 millones de lempiras.
Pero esa dependencia no tiene el presupuesto adecuado dentro de esas prioridades, sigue laborando, anunciando convenios, e incluso, su segunda cabeza, el viceministro Jaime Turcios, se ha jactado que en el actual gobierno no “existe ningún caso de corrupción”, en alusión al reciente informe de Transparencia Internacional que señala a Honduras entre los cuatro países latinoamericanos percibidos como corruptos con una puntuación de 2.3 en una valoración de 0 a 10. El país que más se acerque a 0 es percibido como más corrupto y el que se acerque a 10 como la nación más transparente.
La Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, en la gestión del exfiscal, Edmundo Orellana, en el gobierno de la presidenta Castro, dejó culminada y elaborada una Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción en Honduras, que sería la base de una política pública nacional al respecto. La misma fue ampliamente socializada y consensuada con diversos sectores, pero en dos años de gobierno, el Consejo de Ministros y Gabinete ampliado se ha negado a aprobarla, nunca ha sido introducida en la agenda porque no parece ser prioridad. Esta Secretaría se presume será clave en caso de que se llegue a instalar la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Honduras (CICIH) que negocia actualmente el gobierno con las Naciones Unidas para entrar de fondo al desmantelamiento de grandes redes de corrupción, obstante, el presupuesto no refleja esa prioridad.
TSC, con presupuesto disminuido
Un ente de control también estratégico en el combate a la corrupción y la promoción de políticas de transparencia es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyo presupuesto asignado es de 447.8 millones de lempiras, que al igual que al resto de las dependencias públicas el mayor rubro de gastos es para pago de planillas, viáticos y otros gastos. A esta institución le bajaron más de 44 millones de presupuesto con relación al año pasado.
El TSC, es quizá el ente contralor de mayor importancia estratégica pues se encarga de las declaraciones juradas, de auditar a posteriori la ejecución de fondos, bienes y recursos administrativos de los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, gobiernos locales, bancos estatales, es decir, todo el Estado. Es el principal filtro para detectar, prevenir y contrarrestar la corrupción. Es quien da o niega finiquitos una vez hecha sus auditorías y es quien define si una irregularidad detectada configura una acción administrativa que puede ser subsanada o configura un delito penal que debe ser investigado con mayor profundidad por el Ministerio Público.
No obstante, el TSC recién logró tener un pleno de magistrados, ya que durante casi un año estuvo sin uno de los magistrados, para resolver sus trabajos investigativos u otorgamiento de finiquitos, y muchos casos en investigación estarían a punto de prescribir en función de los términos que indica su propia ley orgánica.
Los nuevos magistrados se encontraron con un Tribunal Superior de Cuentas, con menos presupuesto del esperado. La lucha contra la corrupción, desde los números presupuestarios, sigue dando señales de poca prioridad e importancia. El TSC también sería un brazo de apoyo en la lucha que contra la corrupción efectúe la CICIH, en caso de instalarse.
La lucha contra la corrupción pasa por tener un efectivo acceso a la información pública como parte de las políticas y estrategias para seguir la pista al dinero público. Con ese propósito fue creado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que, además, garantiza el derecho ciudadano a la información y a la petición de información de interés público.
El presupuesto asignado al IAIP fue de 41.2 millones de lempiras, un poco más de 2 millones en relación con el año pasado, pero eso no alcanza para las funciones del instituto que comprende entre sus funciones garantizar el acceso a la información de las dependencias del Estado, gremiales, privadas y de ONG que reciban fondos públicos, algo que no ha podido hacer desde que fue puesta en marcha la ley de transparencia y acceso a la información pública.
El IAIP incluso cayó en la contradicción de otorgar 100% a los portales de transparencia en instituciones claves como las secretarías de Defensa y Seguridad en plena vigencia de una ley de secretos, sin detallar nunca cuáles fueron las variables metodológicas para justificar esa “transparencia” en esos y otros portales que tenían información clasificada como secreta. Sus pasadas autoridades indican que haber derogado esa ley de secretos por parte del actual gobierno “ha mejorado” el acceso a la información. El IAIP también estrenó nuevas autoridades cuando el tripartidismo en el Congreso Nacional eligió a sus comisionados.
Defensa y Seguridad se “comen” al MP y CSJ
El ente del Estado responsable de investigar y llevar casos a los tribunales como es el Ministerio Público, tiene un presupuesto asignado de 2,479.2 millones, un incremento de un poco más de 233 millones en relación al año anterior, pero mucho de ese presupuesto contempla los aumentos a los fiscales y personal por el cual estuvieron en un paro de brazos caídos el año pasado que atrasó procesos en los tribunales y tuvo su mayor impacto en las muertes por no haber equipo forense que hiciera las autopsias, hasta que los medios evidenciaron el drama que todo ello encerraba.
Los recursos al Ministerio Público, que sería estratégico y vital para el acompañamiento a la CICIH, cuando ésta se instale en el país, siguen siendo limitados y hoy las autoridades no descartan un reacomodo de fiscalías anticorrupción, entre quienes llevan casos de corrupción común y de mediano impacto, y las que manejan los casos de alto impacto relacionados con la detección, seguimiento y acusación ante los tribunales de las grandes redes de corrupción, cada vez más sofisticadas e impunes en sus operaciones.
En tanto, el presupuesto para la responsable de impartir y garantizar acceso a la justicia, como es la Corte Suprema de Justicia, el presupuesto asignado es de 3,897.3 millones de lempiras, un poco más de 400 mil lempiras en relación con el año anterior. La impartición de justicia sigue siendo en términos presupuestarios bastante limitada y su acceso lejano tomando en cuenta la mora judicial, el abandono de tribunales en el interior del país, los escasos defensores públicos que hacen que más de mil privados de libertad nunca tenga certeza de salir un día porque carecen de un defensor público y no tienen cómo pagar un privado. Y en la lucha contra la corrupción, la nueva Corte Suprema de Justicia decidió unificar los tribunales anticorrupción (que conocía casos de gran impacto y de redes de corrupción) con los tribunales antiextorsión y crimen organizado, por considerar que se debía “reacomodar” la visión integral de la justicia.
Las cifras del presupuesto señalan con claridad las prioridades entre la lucha anticorrupción, limitada y con enormes desafíos. La sumatoria en conjunto del presupuesto asignado a estas cinco instituciones claves en su combate y a favor de la transparencia, apenas pasa en conjunto de un poco más de 10 mil millones de lempiras, en comparación con lo asignado a otras dependencias relacionadas con la seguridad como es la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad.
Mientras la Secretaría de Seguridad tiene una asignación presupuestaria de 11,651.7 millones de lempiras, la Secretaría de Defensa cuenta con un presupuesto de 11,385.6 millones de lempiras de presupuesto; ambas en conjunto suman un total de un poco más de 23 mil millones de lempiras, en contraste con los más de 10 mil millones que en conjunto engloban las dedicadas a la lucha anticorrupción y la impartición de justicia: secretaría de transparencia, TSC, IAIP, MP y CSJ. Son los datos oficiales, son las cifras del presupuesto de la República de Honduras. (PD).
