San José – El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, expresó hoy su «total apoyo» a la Fiscalía General, que hoy allana oficinas y casas de diputados y un viceministro como parte de las investigaciones por un caso de supuesto tráfico de influencias conocido como «el cementazo».
«Quiero expresar, como lo he hecho de manera reiterada en otras ocasiones, mi total apoyo a las acciones que realiza la Fiscalía en aras de llevar a cabo una investigación a profundidad sobre todos los procesos que están judicializados en torno al caso del cemento», declaró Solís a los periodistas tras un acto oficial.
El mandatario aseguró que el Gobierno «debe acatar las resoluciones que se deriven del proceso», y que «respeta el ejercicio completo de las potestades de la Fiscalía General para proceder conforme a derecho».
La fiscal general, Emilia Navas, lidera este miércoles personalmente una serie de allanamientos a las oficinas en el Congreso de los diputados Víctor Morales y Otto Guevara, y el despacho en el Ministerio de Hacienda del viceministro Fernando Rodríguez.
También están siendo allanadas las casas de los tres.
«El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias», explicó la Fiscalía en un comunicado.
«El cementazo» es un complejo caso en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos bancarios en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.
El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, altos dirigentes de diversos partidos políticos y funcionarios bancarios.
Bolaños, detenido desde el pasado 3 de noviembre, recibió créditos por unos 50 millones de dólares de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.
También hay serios cuestionamientos sobre la cantidad de cemento importada y sus trámites de almacenamiento en aduanas.
El anterior fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido por la Corte Suprema el 13 de octubre pasado por un periodo de tres meses, con el fin de investigar si ignoró un informe judicial acerca de la relación entre el empresario Bolaños y los diputados Morales y Guevara.
También fue suspendido el magistrado de la Sala III Celso Gamboa mientras se le investigan sus nexos con el empresario.
El presidente Solís dijo este miércoles que el trabajo que lleva a cabo la Fiscalía General «no puede ser diferente en una democracia madura» y que ello «constituye parte fundamental de este proceso que está en evolución».
Agregó que esto ayuda a la ciudadanía que «requiere tranquilidad y confianza en las instituciones de administración de justicia».
El pasado 4 de septiembre Solís compareció ante una comisión investigadora del Congreso para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con el empresario Bolaños en Casa Presidencial.
Solís ha reconocido que el Gobierno aplicó cambios a reglamentos para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento con el fin de romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores, pero ha negado que lo hiciera para ayudar al empresario.
