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Presentan requerimiento fiscal contra antigua Junta Directiva del Inprema

Tegucigalpa – El propio fiscal General, Luis Rubí, presentó la noche de este jueves un requerimiento fiscal contra la antigua junta del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) por varios delitos.
 

Según Rubí, el Ministerio Público (MP) después de un análisis exhaustivo ha encontrado que los actos ejecutados por los integrantes de la antigua Junta Directiva del Inprema son constitutivos de delito y por lo tanto se ha procedido a deducirles las responsabilidades penales correspondientes.

Detalló que a Óscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales Cano, Darío Roberto Cardona Valle, Jorge Armando Lanza Bueso, José Alejandro Ventura Soriano, Pedro Arnaldo Pinto y Lorenzo Sauceda Cálix se les ha acusados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Mientras tanto, Pedro Armando Pinto, ha sido acusado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, a Marco Antonio Vallecillo, Gustavo Adolfo Fonseca, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Óscar Nahúm Rubí se les acusa por abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

El Fiscal General explicó que el Ministerio Público determinó que prácticamente la junta directiva se centró en una construcción de una carretera en La Cañada y ahí se encontró que se decretó una emergencia que nunca lo fue, y que no tenía potestades para eso.

A los demás imputados se les acusa por actos posteriores que también son constitutivo de delito.

Acotó que en el requerimiento se señala el uso indebido de 24 millones de lempiras y agregó que “este requerimiento será presentado ante la Corte Suprema de Justicia, porque uno de los señores de nombre Darío Cardona Valle en estos momentos trabaja en Serna (secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) y eso obliga que lo conozca la Corte… el resto también seguirá el mismo procedimiento”, puntualizó.

Una junta interventora nombrada por el gobierno de Honduras se encargó de diagnosticar una terrible crisis que atravesada el Inprema y se detectó un déficit actuarial de 79,000 millones de lempiras.

Por lo tanto, una Comisión del Legislativo seguiendo las recomendaciones de la Junta Interventora elaboró una nueva Ley del Inprema que se aprobó en la Cámara Legislativa.

Nueva Ley del Inprema

Entre las nuevas reformas a la Ley de Inprema destacan que a partir de ahora serán tres los directores especialistas seleccionados y entre ellos se elegirá a quién actué como presidente.

Este grupo designará un comité de inversiones, el cual será el responsable de colocar el dinero de la institución.

La nueva legislación establece una Asamblea de Participantes como máxima entidad de gobierno, la cual estará integrada por 6 representantes del gobierno, 6 del magisterio, dos de instituciones educativas privadas que cotizan al Inprema y dos de la Asociación de Docentes Jubilados.

El Inprema tiene 70,000 afiliados activos y 13,000 jubilados.

En la nueva legislación se oficializó la adhesión de los 5,000 docentes que operaban en el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).

El rango promedio de jubilación será entre los 56 y 59 años.

Recurso de inconstitucionalidad

Ante la nueva Ley del Inprema, varios sectores de la dirigencia magisterial han presentado un recurso de inconstitucionalidad, el que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se estará emitiendo el fallo del Poder Judicial.

Los dirigentes alegan que la nueva ley es discriminatoria y violenta los Derechos Humanos de los docentes en el país.

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