Tegucigalpa –Los apoderados legales de los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial interpusieron este lunes ante el Tribunal en Materia de Corrupción un recurso de amparo en contra de la resoluciónde revocarles las medidas cautelares y ordenar su prisión preventiva.
– Asimismo, cuestionaron que por una lado se revoquen las medidas cautelares a los exmiembros del Consejo de la Judicatura y en el caso Pandora se bajen delitos para dejar en libertad a imputados.
La abogada del exconcejal, Teodoro Bonilla, Delmy Márquez, fue la primera en llegar a los tribunales en presentar el recurso de reposición.
“Hay una desproporción en cuanto a la administración de la justicia”, consideró Márquez ante periodistas en referencia a la resolución de la Corte de Apelaciones.
Criticó al Poder Judicial por revocarles las medidas cautelares al expleno dela Judicatura, mientras por otro lado dejan en libertad y rebajan delitos a implicados en caso Pandora.
“Mientras diputados y exdiputados desviaron fondos por más de 280 millones de lempiras les rebajan el delito y salen en libertad y a mi defendido piden una condena”, cuestionó.
Señaló que junto con los demás apoderados legales de los acusados están preparando de interponer un recurso de amparo debido a que no valoraron los medios probatorios que presentaron en las audiencias.
“Prepararemos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia consideramos un fallo injusto, desproporcional, sin falta de equidad y de razonamiento”, detalló.
Por su parte, el exconcejal Celino Aguilera se presentó junto a su representante legal, Irma Yamileth López, para presentar el mismo recurso de reposición.
El expresidente del CSJ, Jorge Rivera Avilés, es acusado de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.
El exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, se le supone responsable de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
El exconcejal Julio Barahona se le presume culpable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y Francisco Quiroz de 93 de malversación de caudales públicos.
Mientras que Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
