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Presentan nuevo recurso de amparo en favor de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla

Tegucigalpa El abogado Juan Carlos Berganza, apoderado legal de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, presentó hoy un recurso de amparo con suspensión del acto reclamando ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

 
“Los que hemos planteado ante la Sala de Constitucional la violación al derecho de defensa y al debido proceso para que sean ellos los que resuelvan si se violentan los derechos o no, nosotros consideramos que hay una relación de violación a los derechos de defensa en este proceso”, dijo inicialmente Berganza.
 
En ese sentido consideró que “por eso es que se están agotando todas las vías recursivas que nos da la ley, para podernos asistir y poder tener una mejor defensa en el caso de la señora Rosa Elena de Lobo. Tenemos que agotar los recursos que nos da ley,  lo que cuestionamos son las resoluciones procesales”.
 
Agregó que “en este caso es evidente que la señora Rosa Elena Bonilla no va a tener justicia con tribunales que están diseñados a la medida del acusador por lo tanto tenemos que agotar estas vías que establece la Constitución de la República para garantizar la imparcialidad en el proceso la cual no hemos tenido hasta la fecha, ha existido tanta irregularidad procesal y nadie dice nada”.
 
“Espero que la Sala de lo Constitucional revise la acción de amparo y se verifique que se debe resolver una recusación que ni si quiera al límite la admisibilidad sobre ella”, concluyó.
 

Bonilla de Lobo es acusada de apropiación indebida y fraude, en el denominado caso “La Caja Chica de la Dama”, también enfrentan por este mismo caso su cuñado Mauricio Mora y a Saúl Escobar, éste último fungió como su exsecretario privado. Se espara que para esta semana se conozca su resolución por la corte de apelaciones en materia de corrupción para iniciar el juicio. 

Posteriormente, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por los apoderados legales de Bonilla para que el Tribunal en Materia de Corrupción no conociera el juicio oral y público.

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