Tegucigalpa – La Asociación de Jueces por la Democracia y la Editorial Guaymuras presentaron este miércoles el libro «El constitucionalismo social hondureño en los tiempos de la normatividad: un análisis en el contexto latinoamericano», del experto legal Andrés Pérez Munguía.
El autor del libro dijo a Efe en Tegucigalpa que la publicación, de «dogmática jurídica», se desarrolla a través de un estudio histórico jurisprudencial y se examina a partir de la obra antecedente, que es la Constitución de 1957, que introduce en Honduras los derechos sociales.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA CUMPLIR DERECHOS SOCIALES
«El reto que plantea el libro es el efectivo cumplimiento de los derechos sociales», enfatizó Pérez Munguía, máster y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, de Madrid.
Agregó que los hondureños han tenido «una idea de los derechos sociales en las constituciones como derechos programáticos que se iban a ir cumpliendo progresivamente».
Pero en la práctica, añadió, esos derechos, básicos como la educación, salud, vivienda; los de la niñez y la mujer, por ejemplo, no se cumplen plenamente en un país con más del 60 % de su población viviendo en la pobreza, altos índices de criminalidad, injusticia, corrupción y narcotráfico, entre otros flagelos.
Pérez Munguía señaló que «es relevante colocar los derechos sociales en la Constitución, pero si no se van a cumplir, sino que se van a dejar como un programa o una declaración y no como un derecho efectivo, entonces no tiene mucho sentido colocarlos en la Constitución».
En su opinión, hay elementos técnicos que definitivamente impiden el cumplimiento de los derechos sociales, pero también hay uno que pesa mucho, como es la falta de voluntad política, lo que también analiza en su libro en el contexto latinoamericano.
INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS SOCIALES ES GENERAL EN LATINOAMÉRICA
El incumplimiento social es general en toda América Latina, con un constitucionalismo social centenario, si se toma como referencia la Constitución de Querétaro (México), aunque en países como Argentina, Chile y Uruguay, que sí fueron haciendo reformas muy tempranas, desde los años 20 del siglo pasado, dijo Pérez Munguía.
En esos países «hubo gobiernos donde la clase obrera entró en fuerte coalición y eso permitió establecer una legislación social y laboral muy favorable».
«Entonces, sí hay un problema general en toda América Latina, pero en algunos países hay más avances que en otros, incluso jurisprudencialmente, como en Colombia y Costa Rica, que tienen tribunales constitucionales o salas de lo constitucional, que han establecido jurisprudencia muy importante en materia de derecho social», explicó.
El exfiscal general del Estado Ángel Edmundo Orellana, autor del prólogo del libro, señaló que la obra de Pérez Munguía, «es de las pocas, de reciente data, con una factoría cuya rigurosidad académica es incuestionable, resultado de una investigación sobre el desarrollo histórico de las instituciones jurídicas».
En ese sentido, según Orellana, el autor también profundiza en el estudio de la doctrina más autorizada y moderna, y el análisis comparativo de legislaciones, jurisprudencias y políticas jurisdiccionales en todos los continentes.
El objetivo del autor, es extraer los elementos que contribuyan al diseño de un sistema que no se limite a ofrecer la normativa necesaria para la protección de los derechos sociales, sino que permita el acceso real con la consiguiente respuesta efectiva a su protección, según el texto constitucional, subraya Orellana en el prólogo.
La directora de la Editorial Guaymuras, Isolda Arita, dijo que el libro «no es exclusivo para abogados, sino para cualquier estudioso de las ciencias sociales de Honduras y Centroamérica».
Añadió que el libro ha salido en un momento oportuno, el del bicentenario de la independencia de Centroamérica de la Corona española, «lo que invita a repensar» en cómo se ha construido el Estado y la sociedad en estos 200 años y por qué «el saldo tan negativo» que arroja.
JS
