Tegucigalpa – Con el fin de contribuir a la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, el Instituto Danés de Derechos Humanos, presentó para discusión el borrador del Estudio sobre las empresas, medio ambiente y derechos humanos en Honduras con representantes de tres sectores del país: sociedad civil y academia, sector privado y gobierno.
El objetivo principal del informe es que sirva como herramienta de trabajo para la identificación de vacíos y oportunidades legales, de políticas públicas y de la práctica en materia ambiental de empresas y derechos humanos.
El documento se presentó en calidad de borrador en tres sesiones de trabajo desde el 12 al 24 de mayo de 2023. En estas sesiones, organizadas en colaboración con el Programa de la Unión Europea Proderechos, participaron cerca de 90 personas de los tres sectores.
La idea de estos espacios es facilitar a los representantes de los sectores la posibilidad de formular preguntas, comentarios y consideraciones que fortalezcan el informe, así como alimentar el diálogo y acción en torno a estos asuntos.
El informe incluye un análisis de los estándares e instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y medio ambiente aplicables al contexto de las actividades empresariales en Honduras.
Entre ellos, los instrumentos de derechos humanos de carácter general, que contienen principalmente obligaciones del Estado hondureño.
Asimismo, el informe examina la manera en que los estándares e instrumentos de medio ambiente y derechos humanos se integran al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de licenciamiento ambiental vigente en Honduras.
También, se identifican buenas prácticas y oportunidades para fortalecer el proceso.
El informe propone acciones a diferentes actores, incluyendo avanzar en la elaboración de un Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos y en esfuerzos continuos en sensibilización y capacitación.
Se espera que los hallazgos del estudio visibilicen la importancia de que el Estado de Honduras ratifique el Convenio de Escazú e implemente íntegramente el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Para que se lleve a cabo este proceso es imprescindible la participación efectiva de los pueblos indígenas y afrohondureños en la reglamentación nacional.
Se recomienda además el apoyo de actores internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. JS
