Las preocupaciones fueron expuestas por miembros del organismo internacional que concluyeron hoy una visita de tres días al país para conocer denuncias de violaciones a los derechos humanos y sus defensores.
“Creemos que la situación en Honduras es preocupante”, dijo en una rueda de prensa Susan Lee, directora del programa de Investigación sobre América de Amnistía Internacional.
Declaró que les preocupa el asesinato de abogados, algunos de ellos vinculados a trabajos de defensa de los derechos humanos, y de operadores de justicia, como el caso de la jueza Alba Leticia Bueso, ocurrido la tarde del martes en San Pedro Sula.
“Cuando en un país se ve que los operadores de justicia son blanco de acoso, es preocupante”, apunto.
El director de Amnistía Internacional, sección española, Esteban Beltrán, dijo por su parte a Proceso Digital, que “Honduras se ha incorporado al mapa de los gobiernos que permiten la desprotección de los defensores de los derechos humanos”.
Dijo que es una situación que se está registrando en los dos últimos años.
“Realmente nos vamos preocupados, vinimos porque ya habíamos investigado y documentado muchas de estas situaciones, (pero) ahora que nos hemos entrevistado con más de 50 víctimas, con miembros de organizaciones defensores de derechos humanos, con miembros de iglesias y del Gobierno, nos vamos muy preocupados”, señaló.
“Nos vamos muy preocupados por la situación, pero también esperanzados de que una vez de que se haya producido esta denuncia internacional el Gobierno reacciones”, añadió.
En la rueda de prensa, en la que participaron representantes de organismos nacionales de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional hizo público un informe en el cual denuncia también que las personas que defienden los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más marginados de Guatemala y Honduras, corren grave riesgo de ser víctimas de amenaza.
El Informe “Persecución y resistencia: la experiencia de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala y Honduras”, expone los ataques reiterados y sistemáticos que se cometen contra quienes defienden los derechos de las comunidades marginadas.
“Las amenazas, la intimidación, la presentación de cargos penales infundados y los homicidios de activistas en Honduras y Guatemala tienen como objeto impedirles que protejan los derechos de las personas, sobre todo cuando su trabajo va en contra de poderosos intereses económicos”, dice el informe.
En el documento, Amnistía Internacional insta a los Gobiernos de Guatemala y Hondu8ras a elaborar un plan nacional de acción con el fin de garantizar que los activistas de derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo, sin temor a represalias.
Dijo que este plan debe incluir medidas de índole política, práctica y jurídica encaminada a investigar todos los casos de abuses contra los derechos humanos de activistas y a garantizar su inmediata protección.
