La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática y un elemento fundamental para la formación de opinión pública. Dicho en palabras más sencillas es ingrediente primordial en cualquier democracia, porque favorece la libre divulgación de información, opiniones e ideas que facilitan el debate público, la participación ciudadana y el control del poder político.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener que la Libertad de Expresión es una condition sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente.
Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones y decisiones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
Sin libertad de expresión, sin medios de comunicación y sin una prensa libre no hay democracia y sin democracia todas las anteriores no existen, de modo que ambos se sustentan e interactúan uno con el otro para darle forma a una sociedad libre y representativa.
Históricamente, la libertad de expresión y de prensa han estado siempre bajo permanente ataque por los que ostentan el poder, no solo en este gobierno, sino desde que se pusieron las bases del moderno Estado de derecho y más recientemente de nuestra reciente e incipiente democracia.
Los periodistas y la prensa en general siempre han sido incómodas al poder político, cuyos protagonistas no toleran que se les cuestione y se les señale sus yerros y abusos poder. Muy pocos gobernantes han mostrado tolerancia a la labor de la prensa hondureña y casi ninguno ha procurado respetar y garantizar su labor.
Muestra de ello es que desde el año 2002 a la fecha al menos 101 periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados y sus muertes todavía siguen en la más abyecta impunidad. No ha habido un verdadero interés del Estado y sus gobernantes en resolver sus casos, mientras sus familias siguen demandando y esperando justicia.
En este gobierno, esa constante de ataques y estigmatización a los que ejercemos el digno oficio del periodismo no solo se ha mantenido, sino que se ha agudizado y agravado, al punto que desde algunas instituciones de gobierno se ha montado toda una infraestructura comunicacional compuesta por tropas digitales y granjas de troles y bots dedicados a atacar a periodistas, medios informativos y a todos aquellos que se atreven a criticar el actuar de la administración gubernamental.
A esto se suma un permanente discurso de odio, estigmatizante y amenazante de altos funcionarios del gobierno contra periodistas y medios de comunicación a quienes endilgan ser piezas y súbditos de la oligarquía y de los que fraguaron el golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009.
La relatora de las Naciones Irene Khan advirtió en su última visita a Honduras sobre el grave y progresivo deterioro de la labor de la prensa, mientras que Reporteros sin fronteras lo puso en su verdadera dimensión al señalar que la prensa hondureña vive actualmente un lento descenso al infierno.
En ese contexto, las recientes acciones judiciales y de hostigamiento policial emprendidas por el jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, contra al menos 12 medios de comunicación del país, han vuelto a disparar las alarmas en la prensa nacional y generar profunda preocupación en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional sobre la situación de la libertad de expresión en el actual contexto político.
El acto de hostigamiento y amenazas del alto jefe militar está dirigido contra los influyentes medios de comunicación del país: Proceso Digital, El Heraldo, La Prensa, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7, a cuyos directores exige, mediante requerimientos legales, la entrega de información de las fuentes informativas que les proporcionaron información sobre las actuaciones del jefe militar publicadas y divulgadas en sus espacios informativos.
Las amenazas cobran especial connotación porque provienen del más alto jerarca castrense que dirige todo el aparato militar y cuya institución ejerce el monopolio de las armas y de la inteligencia militar en el país, lo cual pone en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad a los periodistas de todos estos medios antes mencionados.
Esto aumenta la fragilidad del ejercicio periodístico en Honduras y pone en precario su labor en un contexto donde el país está abocado a la celebración de elecciones primarias y generales, en las cuales aumenta la polarización política y por consiguiente los ataques y amenazas contra los comunicadores y los medios de comunicación.
La situación de la prensa en Honduras refleja un deterioro alarmante de la libertad de expresión, una condición fundamental para cualquier sociedad democrática.
El hostigamiento, la estigmatización y la persecución judicial contra los medios de comunicación y periodistas no solo debilitan el derecho ciudadano a estar informado, sino que también consolidan un ambiente de censura y miedo que socava los valores democráticos.
Ante este contexto, es imperativo que el Estado hondureño cumpla con su deber de garantizar y proteger el ejercicio periodístico, cesando cualquier forma de intimidación y asegurando que los casos de violencia contra la prensa no queden en la impunidad.
La sociedad civil y la comunidad internacional deben continuar ejerciendo presión y monitoreo sobre la situación de la prensa en Honduras, denunciando cualquier atentado contra la libertad de expresión y exigiendo acciones concretas para revertir el deterioro actual.
Por su parte, los periodistas y medios de comunicación deben mantener su compromiso con la verdad y la independencia, resistiendo las presiones políticas y reafirmando su papel como garantes de la transparencia y el debate público.
El descenso al infierno de la prensa hondureña no es inevitable si se articula una respuesta firme y colectiva en defensa del periodismo libre e independiente. Sin prensa libre, la democracia no es más que una ilusión.
