Tegucigalpa – La audiencia preliminar programada para este lunes contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez y otros dos militares, acusados de homicidio durante el golpe de Estado de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, ha sido pospuesta para otra fecha aún no determinada.
La portavoz del juzgado de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, dijo en un mensaje que la audiencia contra Vásquez, el exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, «no se podrá realizar» porque el expediente «se encuentra en apelación».
Señaló que la Corte de Apelaciones debe pronunciarse sobre «si confirma o revoca» el arresto domiciliario ordenado el 12 de enero por un juez de Tegucigalpa a favor de los tres acusados.
La resolución del juez señala que los tres generales retirados, detenidos el 5 de enero, se defenderán en libertad, aunque estarán bajo el «cuidado y vigilancia» de sus abogados, y no tendrán permitido salir del país.
El Ministerio Público (Fiscalía) acusa a Vásquez, Cervantes y Puerto de «homicidio en perjuicio de Isis Obed Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala», ambos seguidores de Zelaya, esposo y asesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Murillo murió el 5 de julio de 2009 por un disparo en la cabeza cuando participaba en una manifestación mientras Manuel Zelaya intentaba retornar al país por vía aérea, lo que fue impedido por las Fuerzas Armadas al cruzar camiones en la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, de la capital hondureña.
Por su parte, Zavala sufrió «graves lesiones» a consecuencia de los disparos realizados por soldados hondureños, según un comunicado de la Fiscalía hondureña.
Las actuaciones de los militares, según las investigaciones, fueron «brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente».
Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular denominada la ´Cuarta urna´, orientada a reformas constitucionales, desoyendo al Parlamento, al Tribunal Supremo Electoral, a la Procuraduría General, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, que consideraban que la convocatoria de dicha votación era ilegal. JS
