Asimismo, explicó que el Estado de derecho en el país contempla que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deben permanecer en sus funciones por el período legal.
Señaló que al retirar un magistrado de la Corte es como que se estuviera registrando la destitución del pleno de magistrados, por lo tanto, el acto que ocurrió el pasado 12 de diciembre, está fuera de todo marco jurídico y constitucional.
Gutiérrez Navas recomendó como salidas a la determinación que tomó el Congreso Nacional de destituirles, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia instale una segunda sala con los restantes magistrados del pleno para pronunciarse sobre un recurso interpuesto por los destituidos o que el Congreso Nacional medite, por el bien del pueblo hondureño y haga una rectificación honrosa porque su actuar carece de legitimidad.
Indicó que el presidente del poder Ejecutivo (Porfirio Lobo) y del Legislativo (Juan Hernández), merecen respeto, mismo respeto que merecen ellos como magistrados, por lo que se tiene que reverenciar el marco jurídico.
Explicó que él salió del país después de hablar con el embajador de España (Luis Belzuz de los Ríos) quien le brindó el apoyo necesario luego de recibir una serie de amenazas vía teléfono tras comparecer en un programa de televisión.
“Me llamaron y me dijeron que si continuaba por esa vía, mi vida corría peligro”, dijo el ex magistrado a la radioemisora capitalina HRN.
Advirtió que Organizaciones Internacionales ya ofrecieron el apoyo a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se procederá de manera jurídica a nivel internacional.
Asimismo, pidió a los abogados juramentados como sustitutos “en esa noche negra del 12 de diciembre” que mediten antes de asumir un cargo ilegal y sus implicaciones.
Aunque salió del país por amenazas, el ex magistrado aseguró que en enero regresará a tomar posesión de su cargo de manera decorosa y lo hará con el respaldo de las normas del derecho internacional.
Los cuatro destituidos, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruíz Gaekel, interpusieron la primera acción legal ante las instancias jurisdiccionales nacionales y han manifestado que, de ser necesario, irán a las cortes internacionales de justicia con el ánimo de sentar un precedente de respeto a la institucionalidad y a la ley.
Los magistrados fueron destituidos luego que se emitió un fallono definitivo en el que los jueces de la Sala de lo Constitucional expresan que las pruebas de confianza que se realizan al interior de la Policía de este país centroamericano, son inconstitucionales.
El fallo debió pasar al pleno de la Corte Suprema para que fuera esa instancia donde se tomara la decisión final, pero antes de que esa reunión pudiera producirse, el Parlamento procedió a destituir a cuatrode los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Un día antes del descabezamiento, el Congreso nombró una comisión que investigaría la conducta administrativade los magistrados a quienes no se les hizo comparecer a audiencia de descargo alguna.
