Tegucigalpa (Por Jorge Sierra) – Luego que un Tribunal de Sentencia declarara culpable al agente de la Policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente y no por femicidio agravado, en el caso de la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez, el mensaje de la justicia es que a las mujeres en Honduras “las matan por accidente”.
– “No nos matan porque quieren, si no por accidente”, ironizó la escritora Jessica Isla.
– “Pienso en la necesidad de justicia en casos como el de Keyla Martínez y la importancia de fortalecer el Estado de derecho”, expresó Alice H. Shackelford.
– “Ese tipo de fallos nos dan rabia, indignación y nos (da) coraje para seguir luchando y reivindicando los derechos que tenemos como mujeres”, externó Merly Eguigure.
En esos términos coincidieron defensoras de los derechos de las mujeres en Honduras e incluso la propia Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), anunció que interpondrá un recurso de casación por el fallo judicial del tribunal de Siguatepeque.
Aunque el juicio concluyó en septiembre de 2022, sin embargo, el tribunal hasta este jueves emitió condena debido a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había resuelto una acción de amparo promovida por la acusación privada que representa a la familia de la víctima.
Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2021, al interior de una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá.
Entre la prueba aportada en el debate judicial se evacuó la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de vídeo forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
Además, se logró acreditar, mediante la autopsia sicológica con expertos, que Keyla Patricia no sufría ningún tipo de trastorno mental que la llevara a un suicidio; aunado a ello, el dictamen de patología forense reveló que la manera de muerte es homicida y la causa de muerte fue por asfixia por obturación de orificios respiratorios.
El caso fue presentado por el delito de femicidio agravado, no obstante, un juzgado de La Esperanza, Intibucá, tipificó el ilícito como homicidio simple, por lo que el Ministerio Público presentó una acción constitucional de amparo que recientemente fue declarada “Sin Lugar” y en los mismos términos fue planteado el recurso de los acusadores privados, ratificando la primera decisión.
La representante de la ONU en Honduras, Alice H. Shackelford expresó que existe una necesidad de justicia especialmente en casos como el de Keyla Martínez.
“En la víspera de la fiesta nacional de Honduras, pienso a la justicia como pilar de la democracia y la necesidad de instituciones sólidas para ella. Pienso en la necesidad de justicia en casos como el de #KeylaMartinez y la importancia de fortalecer el Estado de derecho. #Agenda2030”, expresó la diplomática.
Mientras, la escritora hondureña Jessica Isla también se hizo eco de la noticia en su cuenta de la red social X. “Ni el MP está de acuerdo con este mensaje femicida y misógino para las víctimas y todas las sobrevivientes: “No nos matan porque quieren, si no, por accidente”. Así estamos en estas Honduras donde hay días en que la furia no alcanza”, posteó en un sentido mensaje.
Vergüenza, rabia e indignación
La coordinadora del Comité de Mujeres Visitación Padilla, Merly Eguigure, calificó el fallo como una falta de respeto a la inteligencia humana. “Ninguna persona que sea detenida por las autoridades y sea llevada a una celda, busca o provoca a alguien para que le quite la vida”, tachó.
Acentuó que el fallo del tribunal de Siguatepeque “es una vergüenza y además deja muy mal la cara del Poder Judicial”.
Adicionó que se evidencia la falta de formación y actualización profesional que tienen los funcionarios judiciales de ese tipo.
La reconocida defensora de los derechos de las mujeres, dijo que los funcionarios judiciales demuestran que son machistas y misóginos, “que niegan la ciudadanía que como mujeres tenemos”.
“Cuando dictan este tipo de fallos nos están queriendo mandar un mensaje claro, que es: dejen de reclamar, dejen de andar en la calle, dejen de hacer cosas que históricamente el sistema les niega, ese es el mensaje que nos están mandando y que por supuesto rechazamos”, indicó.
Subrayó que “ese tipo de fallos nos dan rabia, indignación y nos (da) coraje para seguir luchando y reivindicando los derechos que tenemos como mujeres”.
Eguigure envió un mensaje a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando: “Tiene una gran tarea qué hacer en torno a actualizar a todos estos jueces. Este caso trascendió porque se convirtió en opinión pública, pero no podemos soslayar que hay muchos jueces que se graduaron en la Universidad hace 30 años y utilizan sus prejuicios personales para dictar fallos y no apegados a las leyes”.
Describió que hay jueces en el área rural que tienen expresiones como: “Las mujeres ahora ya no se dejan; las mujeres ahora no permitan que los hombres las manden; a las mujeres les gustan que les peguen y las maltraten, yo no sé por qué vienen a denunciar si después se arrepienten; este tipo de expresiones que son completamente inaceptables”.
Abogó por un Poder Judicial actualizado en torno a una serie de temáticas y entre las más importantes está la garantía de los derechos de las mujeres.
El mensaje es que se puede seguir matando mujeres
La directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, pidió a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia que supervisen la sentencia dictada en este caso de la malograda joven estudiante de enfermería.
“Tomamos el fallo con mucha decepción porque sabemos que inclusive la Secretaría de Seguridad en una reunión con la comisión de feminicidios planteó que se le había retirado el abogado al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento y que no lo estaban protegiendo”, mencionó.
Citó que pese a ser un caso mediático y tomando en cuenta la lucha de sus familiares para lograr justicia, los jueces determinaron calificar el delito como homicidio imprudente.
Reflexionó que cuando se producen este tipo de sentencias, “el mensaje que se manda a los asesinos es que pueden seguir matando mujeres y sólo estarán unos cuantos años en la cárcel”.
Martínez cuestionó que “nos parece que las sentencias se están dictando sin tomar en cuenta las comparativas de las convenciones internacionales que han sido asumidas por el Estado de Honduras”.
Contó que el Ministerio Público aportó las pruebas contundentes del caso para demostrar que se trató de un feminicidio agravado. “Podría ser una mala visión de la jueza o podría haber complicidad porque conocen la gente de la zona, por influencias y otras aristas, aunque más creería que fue por ignorancia”.
Sugirió mayor supervisión a los jueces y que éstos tengan sensibilidad para abordar una problemática que victimiza a las mujeres.
Englobó que este es uno de los tantos fallos que son imputados inicialmente por feminicidio y al final la condena es por homicidio.
Caviló que estos fallos judiciales sólo le traen consecuencias al Estado. “Las familias y organizaciones acuden a buscar justicia en el campo internacional al no tener eco en el ámbito local”.
Justicia tardía y equivocada
De su lado, la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, resaltó que cuando se le quita la vida a una mujer con el uso del poder se trata de un feminicidio, al tiempo que esbozó que los juicios en el país duran en promedio hasta 36 meses, “no tenemos justicia pronta y mucho menos efectiva”.
“Cuando nuestra justicia no tipifica adecuadamente que una mujer es víctima de un hombre en diferente condición y en este caso un funcionario público de la Policía Nacional que usando todo el poder que le confiere el cargo, abusó del poder para quitarle la vida a una mujer, se vuelve un problema porque se manda un mensaje que la tipificación no será igual”, arguyó.
Dijo que urgen verdaderos procesos de formación de los funcionarios públicos para que respeten y protejan los derechos de las personas, y de esa forma judicializar como corresponde.
Ayestas concluyó que el mensaje que envía la justicia es contradictorio, “los funcionarios creen que es fácil matar a una mujer o cometer un feminicidio, total la justicia no judicializará como corresponde”.
Pero ahora, al dictar el Tribunal de Sentencia una condena por el delito homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión, se favorece aún más al policía imputado, por lo que ante la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia (CSJ) se impondrá el recurso de casación. JS
