Tegucigalpa – Tras el último anuncio hecho por la Comisión Depuradora que establece que mil 651 agentes han salido de la Policía Nacional y se prevé que un poco más de tres mil ascenderá la cifra a abril 2017, muchos se formulan la pregunta ¿dónde están? estos agentes salidos de la institución.
– Cuatro instituciones del Estado dan seguimiento a los miembros de la carrera policial que han sido depurados y que se sospecha podrían integrar organizaciones criminales.
La Comisión Depuradora ha sido clara: No todos los policías retirados de la institución durante el proceso que realizan están vinculados a actividades al margen de la ley. Sus separaciones obedecen a otros factores que les impiden desempeñar sus funciones óptimamente.
La interrogante surge luego que en la Operación Panamericano, desarrollada la semana pasada, fueron detenidos policías depurados e incluso uno que fue absuelto en el sonado caso de los “narcodólares” decomisados al cartel de Los Valle.
Y así se cuentan, en forma reiterada, capturas de importantes cabecillas de estructuras del crimen, muchos de ellos han salido de la Policía en los últimos siete meses bajo el proceso de depuración que se lleva a cabo mediante un decreto de emergencia.
Ese decreto permite a la Comisión Especial que implemente un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros cancelados de la Policía hondureña. Sobre este apartado poco o nada se sabe.
A la fecha han sido dos mil 590 los policías sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional estatal. De ellos Mil 651 han sido cesanteados.
De los oficiales y agentes apartados de la Policía Nacional, la Comisión Especial registra oficialmente que mil 299 fueron cancelados por reestructuración, en razón del nuevo andamiaje organizacional de la entidad; 174 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado, respetando de forma irrestricta el debido proceso y los derechos humanos de los cesanteados; y a 178 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario.
Cuatro instituciones los vigilan
El integrante de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo que bajo dos formas les dan seguimiento a los agentes depurados de la institución.
La primera tiene que ver con la remisión de expedientes, por conducta inapropiada, de miembros de la carrera policial al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP). “Lo hacemos para que ellos ejerzan las acciones de acuerdo a sus competencias”, apuntó Rivera.
En tanto, Rivera dijo que la segunda forma de seguimiento tiene que ver que los elementos separados y que presuntamente representan un riesgo porque hay indicios en la comisión de delitos, éstos son investigados por aparatos de seguridad del Estado.
“Hemos hablado con distintas ramas que se dedican a la inteligencia e investigación criminal para que puedan darle seguimiento a ellos. Es el caso de la Dirección de Inteligencia del Estado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección Policial de Investigaciones y la oficina Sercaa (Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información)”, explicó el depurador.
Rivera ejemplificó que muchos oficiales que ahora salen involucrados en organizaciones del crimen, ya habían sido depurados del cuerpo del orden. “La ley nos manda a crear un mecanismo que articule todas estas intervenciones. Estamos en eso de diseñar un sistema que le permita a estas oficinas trabajar de manera conjunta y no dispersa”, apostilló.
Sobre el caso de un oficial de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), que fue absuelto en el juicio de los “narcodólares” decomisado al cartel de Los Valle, y que esta semana fue capturado mediante la Operación Panamericano por integrar una banda transnacional de policías que aseguraban el paso de drogas por Centroamérica, el depurador Rivera refirió que “que a todos aquellos (señalados) de participar, especialmente en ese caso, prestamos especial seguimiento a través de los órganos de inteligencia”.
Confió que al menos cuatro mil policías han sido denunciados ante el Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la misma Policía. “A todos ellos les damos seguimiento especial, pero no se les puede cancelar a consecuencia de una simple denuncia. Lo que estamos haciendo ahora, que antes no se hacía, es que estamos evacuando esas quejas”, reforzó.
Recordó que la Comisión está pendiente de expedientes en poder de la Fiscalía que involucra a más de 520 miembros de la carrera policial, así como a otros altos oficiales señalados ante el TSC por incrementar su patrimonio en 300 millones de lempiras.
Al recibir esa información, el Ministerio Público creó inmediatamente una unidad encargada de darle seguimiento a los citados expedientes, pero a la vez pidió a los depuradores documentación original y contundente respecto a los casos, detallando que una gran parte de lo recibido eran fotocopias de documentos y publicaciones.
“Estamos a la espera de una respuesta efectiva de estas instituciones contraloras y entes operadores de justicia”, indicó.
Sobre una cantidad estimada de agentes que saldría del cuerpo armado hasta abril de 2017, que es cuando vence el decreto de emergencia que dio vida a la Comisión Depuradora, Rivera auguró que el 30 por ciento habrá salido, es decir un poco más de tres mil policías.
“No hay capacidad para dar
seguimiento a depurados”
El general en retiro, Luis Maldonado Galeas, aseguró que “no hay capacidad como institución para dar seguimiento a todos los policías depurados”, aunque comparte que es conveniente hacerlo dependiendo de la razón por la que han salido de la misma institución.
“Depende si han sido separados, cesanteados y los enjuiciados. Con esas especificaciones cada uno entraría en un tipo de seguimiento, si las faltas fueron en el interior de la Policía y no incurre en un delito, le tocaría a la Policía Nacional hacer lo correspondiente; si algunos han salido porque se le encuentran indicios relacionados para un requerimiento fiscal, entonces éstos pasarían a la Fiscalía de la República para que en razón de la naturaleza de un supuesto delito, se haga el seguimiento correspondiente”, explicó Maldonado.
Además, Maldonado aprecia que hay instituciones que pueden colaborar en este proceso de seguimiento como el Instituto de Migración y Extranjería, además del sistema de inteligencia nacional que puede tomar en términos globales el seguimiento.
“Es una obligación hacer el seguimiento, pero no miro tan expedita la respuesta que se le puede dar a esta masa de ciudadanos que ahora se quedaron sin empleo”, dijo.
El general en retiro cree que además de hacer un seguimiento, se requiere de una política de Estado para que exista un programa de reinserción nacional que pudiera ser un complemento a la acción de seguimiento, concluyó Galeas.
