Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En el marco del estado de excepción, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se ha convertido en la voz desafiante que reta y cuestiona a los organismos y activistas de derechos humanos que desnudan sus abusos, exigen justicia por los crímenes de ciudadanos achacados a sus efectivos y guardan silencio por las muertes en las cárceles bajo su control. Ahora, en su estrategia de solución anticrimen, piden reducir la edad punible y atacan a quienes se oponen recetándoles que vivan en su casa con un menor infractor para ver “cómo les va”.
Creada en el 2013, como un brazo pretoriano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, la Policía Militar del Orden Público se convirtió en la “imagen presidencial” de la mano dura de la seguridad y el ahora partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), cuando era opositor, fue uno de los críticos más duros en contra de esta fuerza militar por sus abusos y violaciones a los derechos humanos. Prometieron de llegar al poder que la iban a disolver e incluso desmilitarizar la seguridad, pero ese discurso quedó en palabras. El gobierno de la refundación de Libre descansa ahora el poder en los militares, a quienes da cada vez nuevas funciones.
En la administración de la presidenta Castro la policía militar PMOP, sigue siendo la imagen presidencial de la mano dura de la seguridad. Es la voz que reta al sistema de derechos humanos e intenta imponer su discurso de súper mano dura como parte de su estrategia de “solución anticrimen”.
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El gobierno de Xiomara Castro no sólo le ha dado a los militares el control de las cárceles del país, también importantes franjas del territorio nacional donde se destaca el corredor de la inseguridad, la violencia y la presencia de la criminalidad organizada.
En marzo de 2023, en una de las ampliaciones que se ha hecho al estado de excepción, el gobierno distribuyó el control del territorio para atacar la inseguridad entre la Policía Nacional, la Policía Militar y los militares como tal.
En esa decisión, determinó que corresponde al Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval de Honduras, mantener el control de la seguridad en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios; mientras tanto, la Policía Militar del Orden Público, ejecutará acciones en Atlántida, Yoro y Copán.
Los departamentos de Atlántida, Yoro y Colón son parte del corredor del narcotráfico que se mueve con mayor intensidad en el país, según los expertos antidroga, además de conectarse con zonas de violencia e inseguridad por las operaciones de estos grupos paralelos de poder. Son las zonas en donde surgieron, operaron y se expandieron carteles como Los Cachiros, los Valle Valle y el clan Urbina, entre otros. Las autoridades siguen asegurando en esas zonas, se hallan extensas plantaciones de marihuana y de coca para fines de procesamiento para pasta de cocaína, además de encontrar narco laboratorios, entre otros.
La voz y el desafío de Muñoz
El estado de excepción que lleva ya más de un año con miras a extenderse sin tener una fecha de caducidad ha convertido a la Policía Militar del Orden Público, en un brazo ejecutor en el que se registran abusos y violaciones a los derechos humanos, junto a la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen (Dipamco), de la Policía Nacional. Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian registros de abusos de esas fuerzas y su presunta complicidad en la desaparición forzada de al menos siete personas y la ejecución extrajudicial de otras cinco personas. Denuncias sobre las cuales se desconoce si existe o no una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.
El principal relacionador público de la Policía Militar es su comandante y rector de las cárceles, el coronel Ramiro Muñoz, que en público asegura tener una política de “puertas abiertas” a los derechos humanos e instancias de sociedad civil que abordan el tema de la seguridad y la violencia, pero en la práctica, éstas denuncian restricciones para poder ingresar a las cárceles; restricción que incluso ha abarcado a cuerpos de socorro como la Cruz Roja, aseguran.
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El coronel Muñoz ha negado que esas acusaciones sean ciertas, pero no desaprovecha oportunidad mediática para enviar mensajes intimidatorios a los organismos humanitarios e instancias de sociedad civil, cuando la conducta de los uniformados en las cárceles ha sido cuestionada. Recientemente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció que al menos 90 personas, privadas de libertad, habían muerto en las cárceles en menos de un año, demandando una investigación al respecto, pues toda muerte de un privado de libertad en un recinto penitenciario o policial amerita ser investigado, señala la doctrina al respecto en materia internacional.
La respuesta del coronel Muñoz fue negar ese informe que detalla el número de muertes y fechas en las distintas cárceles del país, al señalar que “ni que estuviéramos en Ucrania”. “De dónde van a salir 90 muertos, por Dios santo, si aquí no es Ucrania”, dijo incómodo el militar.
Edad punible, estrategia distractora
Muñoz dijo desconocer de dónde sacaron esos datos los del Conadeh, “tenemos que ser conscientes, aquí alguien denuncia que va a llover en la tarde entonces ya tenemos como un hecho que va a llover. Tenemos que ser congruentes y respetuosos de la institucionalidad. Cada institución que dice algo que no es cierto, juega con la verdad que llevar”, aseguró.
Su respuesta a esos cuestionamientos fue prohibir la visita de los parientes a las cárceles, colocar el discurso maniqueísta de los buenos contra los malos. Y en medio de esa confrontación con los grupos de derechos humanos, la prensa local informa de abusos de la Policía Militar, entre ellos secuestros y muertes de personas, la última de un joven de 22 años a inicios de julio cuando evadía un retén militar.
El joven habría sido herido y producto de ello se fue a estrellar a un vehículo, pero ya iba muerto a causa de disparos, revela el informe forense del Ministerio Público. El coronel Muñoz rechaza ese reporte y dijo que dieran “gracias” que ellos levantaron el cuerpo cuando se fue a estrellar a un vehículo, lo levantaron y llevaron al hospital donde murió. Pero el joven ya había muerto cuando llegó al centro asistencial, según reporte médico. El Ministerio Público ha informado que levantará una investigación de oficio para determinar la responsabilidad del caso.
Y como para sacar del ojo público las denuncias en contra de la Policía Militar, los abusos en las cárceles y su presunta responsabilidad en muertes y secuestros, el coronel Ramiro Muñoz salió con un as bajo la manga: pedir la reducción de la edad punible a menores para ser juzgados como adultos, en vista que muchos de ellos están ligados a los grupos de maras y pandillas.
Esta petición que espera sea tomada dentro de una serie de reformas penales que en materia de seguridad piensa debatir y aprobar el Congreso Nacional, ha generado la oposición de grupos defensores de la niñez, los derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
En comparecencias públicas y comunicados emitidos por estos organismos, incluida la nueva secretaría de la Niñez, se ha indicado que bajar la edad punible a menores es violatoria de los derechos humanos y de las convenciones internacionales suscritas por Honduras, lo cual acarrearía responsabilidad internacional contra el Estado de Honduras.
Según la Convención de los Derechos del Niño ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto, y querer rebajar la edad punible representa una regresividad en los compromisos de derechos humanos del Estado de Honduras, advierte el Comisionado de los Derechos Humanos y también las Naciones Unidas. A ello se han sumado la Red Coiproden que defiende a los menores y otras instancias de sociedad civil.
No obstante, el coronel Muñoz, la voz desafiante de la Policía Militar ante los cuestionamientos de los derechos humanos, en la defensa de su tesis de bajar la edad punible de los menores, no dudó en retar al Comisionado Nacional de Derechos Humanos al pedirle que lleve a la casa de sus empleados a un menor infractor a “ver cómo le va”.
Así se lo dijo a la defensora de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Cándida Maradiaga, al increparla por la posición oficial de ese organismo en contra de bajar la edad punible. “A esa persona del Conadeh le invito que se lleve de paseo a un niño de esos para su casa, ¡lléveselo, vamos a ver cómo le va!, a ver si cuando le destruye hasta lo último y que la asesine a ella y a su casa, a ver qué dice”.
Muñoz sostiene que bajar la edad punible ayudará en su estrategia de “solución al crimen” porque en el país hay temas que no se debaten con “la responsabilidad del caso”. Ha llegado el tiempo, sostiene, de poner en su lugar a las maras, las pandillas, los narcotraficantes, bandas criminales y menores infractores.
“Si alguien comete delitos de adultos que sea juzgado como un adulto, por qué vamos a juzgar a alguien como niño que cometió delitos de adultos”, sostiene el jerarca militar, de quien trascendió quisieron atentar contra su vida, obligando a las autoridades a reforzar su seguridad y cambiar de teléfono.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los organismos que se dedican a la defensa de la niñez, han recordado al coronel Muñoz que en Honduras la edad punible, es de 12 a 18 años, y como él asegura de 14 a 18 años. Indican que el militar esta desinformando y ello no contribuye a fomentar diálogos ni estrategias responsables en materia de seguridad ciudadana y de violencia juvenil.
La Policía Militar, no obstante, sigue desafiando a los derechos humanos, y es, de momento, la portadora insigne y voz del gobierno cuando de políticas represivas y de remilitarización de la seguridad, se trata. Hasta ahora las políticas de “solución anticrimen” no están teniendo los efectos deseados y la inseguridad se ha desbordado en sus diversas manifestaciones: masacres, secuestros, delincuencia común, crímenes contra mujeres y delincuencia organizada, extorsión y hasta desaparición forzada de personas. (PD)
