Tegucigalpa. – A menos de dos meses para el llamado oficial a la campaña política que dará paso al proceso electoral primario e interno del país en marzo de 2025, los niveles de polarización y violencia política se han instalado nuevamente en una sociedad fragmentada, con instituciones frágiles y autoridades complacientes, incapaces de sancionar, advertir o reprochar los discursos de odio y violencia política que forman parte de la cotidianeidad en el país.
Los llamados de condena salen “hacia afuera” como lo acontecido con el atentado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania. El actuar gubernamental fue correcto, había que condenar esos hechos reprochables y repudiables que no deben ensuciar la democracia ni sus procesos democráticos.
Pero a lo interno, en el país, los niveles de polarización y violencia política también deben ser condenados, máxime cuando éstos provienen de altos funcionarios públicos que no disciernen lo que es su investidura como autoridad y su papel de militantes políticos. O se es una cosa o la otra, pero no las dos a la vez, porque cada expresión o aseveración que realizan desde su puesto de autoridad, la sociedad lo percibe como una posición o manifestación pública del gobierno que representan. No pueden verse ni interpretarse como hechos aislados. Los protocolos también rigen a los servidores públicos.
Las expresiones de estos personajes del aparato gubernamental son frecuentes en medios y redes sociales, unas con más virulencia que otras, pero todas solo contribuyen a fomentar la polarización y aumentar el clima de violencia política de cara a un proceso electoral primario e interno con los comicios de marzo de 2025 y luego con las elecciones generales de noviembre de 2025.
El llamado de un funcionario público a “machetear” a los liberales cuando lleguen a las comunidades rurales a solicitar el voto, no es una simple “expresión rural” que se le “zafó” al “zafado”, es una clara expresión primitiva de una cultura política decadente del pasado que no debería estar presente en el siglo XXI. Esa expresión es un claro reflejo de la distorsión de los valores democráticos y los valores cívicos que caracteriza a muchos de los liderazgos políticos hondureños. Esa misma distorsión se quiere aplicar a la figura del nepotismo, cuando la doctrina es clara y amplia en cuanto a su definición.
Los servidores públicos desde sus cargos tienen derecho a opinar y a expresarse, pero ese derecho conlleva normas y patrones para conducirse en la administración pública, y si bien la pasión y el amor partidario no debe desaparecer, por la investidura de sus cargos, ya no son simples militantes ni activistas políticos, son funcionarios investidos de poder y autoridad que representan un gobierno, a una presidenta y a un País. Esa es la diferencia con el resto de los ciudadanos, y es lo que los diferencia, también, del resto de la militancia o activismo partidario.
Las autoridades, desde el gobierno central, los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral (CNE), están obligados a llamar para que cese ese tipo de violencia política, que baje la polarización y que los hondureños acudamos a un proceso electoral creíble, confiable, transparente y concurrido en donde no tenga cabida ningún tipo de violencia, menos la violencia política.
El CNE como ente rector de este tipo de procesos no puede hacerse de la vista gorda frente al clima de polarización pretextando que solo siguen el cronograma electoral, porque un proceso electoral no se desmarca de un contexto o coyuntura política, y ellos no están en condiciones para hacer como el avestruz y esconder su cabeza en la arena.
Un llamado a la reflexión del CNE sobre las elecciones qué esperamos, las reformas que están pendientes y no se han dado, los dientes que necesitan para ser más efectivos en las garantías del proceso, no están demás a poco de iniciar oficialmente la campaña política preelectoral—instalada abiertamente desde enero de 2024–, no los hace caer en violación de la ley ni sus reglamentos, pues son un ente responsable de darnos unos comicios válidos, son el ente que nos debe dar certezas que ahí la sociedad y los partidos políticos tienen a representantes convencidos que no hay democracia sin demócratas, ni sociedad sin ciudadanos, como afirman los expertos sociales.
El discurso del CNE debe ir más allá de las peticiones presupuestarias, de la entrega de los listados a los partidos políticos y si habrá mayor o menor número de regidores en los próximos comicios. El discurso del CNE debe acompañarse también de posiciones del porqué no debe haber espacio a la violencia política, a los discursos de odio ni a viejas prácticas electoreras de los pactos bajo la mesa.
El mes de julio ha sido uno de los más intensos que ha tenido el país en este primer semestre en materia de conflictividad social y política, un mes que mide el termómetro de un país que se apresta a ir a una carrera política de relevos donde la víspera nos muestra altas señales de intolerancia, canibalismo político, polarización en ascenso y una institucionalidad que quiere evadir responsabilidades, por carecer de liderazgos, unas, por comodidad, otras, y por no salirse del guion electoral, las últimas. No solo debemos ver y condenar lo que le pasó a Trump en Estados Unidos, debemos mirar también, en la Honduras de acá, que, si continúa desangrándose y fragmentándose, solo acelerará el camino hacia la Honduras de allá, donde la incertidumbre, también nos une con los de acá.
