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Tegucigalpa. – Decidí hacer este artículo por la coyuntura en que se encuentra el abogado Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, debido a las informaciones generadas en las Cortes de Manhattan, Nueva York, durante el juicio que se le siguió por narcotráfico a su hermano “Tony”, y que concluyó el pasado 30 de marzo.
Esta es la segunda y última entrega de un artículo, que publiqué antes, con idéntico título en esta misma columna de www.proceso.hn. En esa entrega destaqué las acciones efectivas, que alega haber realizado el Gobierno de Honduras, usando datos propios y combatiendo la narcoactividad y sus mafias nacionales y extraditables. Actividades que casi desde un inicio fueron bien reconocidas por la nueva Administración de Joe Biden en Washington.
En esta entrega esperaba comentar lo que JOH tenía “en su contra” según la sentencia del juez. Por eso esperé hasta finales de marzo pasado para hacerla, sabiendo que el 18 de octubre, 2019 Tony ya había sido declarado culpable por el jurado de su juicio, conformado por 12 ciudadanos estadounidenses de Nueva York, de acuerdo a las leyes y procesos vigentes en ese país.
Tras la decisión del jurado, el neoyorquino juez Kevin Castel sentenció a Tony 17 meses después, el 30 de marzo de 2021, condenándolo a cadena perpetua, más 30 años de prisión, por traficar, por casi 20 años, más de 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, posesión de armas y mentir a las autoridades. Al cerrar el caso, el juez Castel dejó implicado al hermano de Tony, presidente de Honduras, sin nombrarlo, cuando dijo “aquí (en este caso), el tráfico de drogas fue patrocinado por el Estado hondureño”.
Pero antes de la condena de Tony, a Honduras ya habían llegado menciones sobre JOH, procedentes de otros juicios estadounidenses contra capos de la droga -mexicanos, colombianos, hondureños y de otras nacionalidades vecinas- donde el hoy presidente de Honduras también “salía salpicado”. Por las mismas razones: aceptar dinero “de fuentes dudosas” para financiar en el oficialista Partido Nacional, campañas, elecciones generales y para negocios propios. Fueron reportados durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), cuando JOH era el jefe de la Bancada del Partido Nacional y secretario del Congreso hondureño. Y después también, durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), que eligieron a JOH presidente del Congreso hondureño.
Pero tras conocer la sanción a su hermano, JOH tuiteó que «la alegación en sí –dichas en el juicio– es 100% falsa, absurda y ridícula». Sin embargo, según lo declarado el pasado 1 de abril por el reconocido banquero hondureño Jorge Bueso Arias, “Honduras está en poder de las mafias, el crimen y la corrupción”. Y fuera de Honduras, según expertos, las pruebas presentadas en los tribunales estadounidenses incriminan a JOH en gran medida. “Si Juan Orlando Hernández fuera juzgado hoy, obtendría una condena», dijo el exagente de la DEA, Mike Vigil, que sigue el caso de cerca.
Hechos
La Administración Biden en su primer pronunciamiento dice “el actual gobierno de Honduras, como política de Estado, no fomenta ni facilita el narcotráfico ni el lavado de activos”. El texto explícitamente condiciona que “como política de Estado”, Honduras no es un narcoestado.
Pero ello no excluye que sea un narcoestado por otras causas. Y la de mayor potencial es la corrupción endémica y generalizada que existe en Honduras. Que se hizo más manifiesta desde 1982 cuando se inicia la era democrática del país, tras regímenes militares.
Se volvió más visible como lacra, en parte, por los logros y legado que dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), originada por 4 años en enero del 2016 por la OEA y el Gobierno de este país. Pero éste último no renovó sus operaciones en agosto del 2019 y a pesar de su corta operatividad, encontró un aliado y socio interno en el Consejo Nacional de Anticorrupción de Honduras (CNA), nacido en el 2005. Motivando en el país nuevas investigaciones y más denuncias contra la corrupción e impunidad.
Algo parecido ha sucedido últimamente con Estados Unidos con el Plan Biden, al proponer con fondos a los países del Triángulo Norte una estrategia para frenar la migración mediante el combate a la corrupción.
Eso contrasta con la estrategia de Donald Trump, que buscaba detener en las fronteras a los indocumentados y deportarlos a México “amparados” por el Programa “Quédate en México”, supuestamente, en calidad de “tercer país seguro”. El “Plan Biden por primera vez ofrecerá la condición de asilo y refugio a los migrantes, combinando en fronteras acciones humanitarias, de seguridad y de reunificación familiar… y eventualmente de empleo.
Lo mismo hará al interior de los países del Triángulo Norte donde se combatirá el lavado de activos con actividades humanitarias, de seguridad y desarrollo. Tales esfuerzos buscan romper la interacción que hay, de causas y efectos, entre corrupción e impunidad, cuando el país al interior evidencia narcoactividad, narcopolítica, narcoestado y narcoempresas. Lacras que, al volverse rentables en un contexto de pobreza generalizada, como Honduras, impiden el funcionamiento de un estado de derecho y su gobernanza.
El Plan Biden propone una estrategia en dos frentes, un ataque interno y externo, tanto a las causas, como a los efectos de la migración. La propuesta va directamente contra los dirigentes -públicos y privados- funcionarios, líderes empresariales y de la sociedad civil que, con frecuencia, y excepciones bien conocidas, practican la doble moral al prevenir y combatir la corrupción en su retórica y en sus acciones. Mientras que desde dentro y por un lado previenen, combaten y persiguen a ciertos narcotraficantes, hasta apresarlos, entregárselos a la DEA y extraditarlos a Estados Unidos; por otro lado, protegen a otros grupos de narcotraficantes, con sus operadores, elementos de apoyo, carteles y testaferros, asegurándoles que pueden continuar con sus negocios ilícitos en el país, en forma eficiente y efectiva. Como si fueran legales y legítimos en las localidades donde operan. Incluso, que pueden seguir controlando los bolsones o territorios donde el Estado nacional y sus fuerzas -policiales y militares- de orden, seguridad e inteligencia, están coludidas con el crimen organizado, y por lo tanto, ya no mandan, y ni siquiera pueden entrar.
Conforme a esa moral, a los narcos protegidos se les “acepta” que donen buenas sumas de efectivo para candidatos, movimientos y partidos específicos. Al mismo tiempo, se les tolera también “interactuar legalmente” con dinero lavado en programas y proyectos que benefician a poblaciones pobres y marginales. A veces, en algunos de esos esfuerzos cuentan incluso con la asistencia y apoyo del Gobierno nacional, municipal o de ambos, y de fuentes financieras binacionales, regionales e internacionales.
El caso extremo se evidencia en localidades –bien reconocidas por sus lugareños– donde si las inversiones del narcotráfico, se dificultan o se les impide realizar por autoridades que le exigen sus cargos, la vida cotidiana de esas poblaciones y territorios disminuye o se paraliza. Pues la narcoactividad es la primera y única causa del cambio en el área por la “inversión, empleo y riqueza” que resultan de sus ilícitos.
Cuando es necesario, los Carteles de la droga y sus “frentes legítimos” contratan profesionales y técnicos competentes, que, cumpliendo con lo exigido, le sacan fondos a la Cooperación y a otras fuentes para realizar proyectos que dinamizan la economía local; y de paso, benefician a los agentes, colaboradores y negocios de la narcoactividad en el área.
Explicación y consecuencias
El texto de este escrito relaciona la naturaleza humana con el poder establecido y algunos de los mecanismos distributivos -legales e ilegales- que generan “privilegios, fama y riqueza”. José “Pepe” Mujica, expresidente uruguayo, nos da el entendimiento de esa relación, al preguntarle, presuntamente, si el poder cambia o no a las personas…. y responde con una de sus sabias afirmaciones: “No, el poder no cambia a las personas, solo revela quienes realmente son”.
Si JOH es inocente, al menos, para sacarnos del error y la mentira, esperaríamos que aún de presidente, o estando ya sin impunidad, se presente ante la justicia estadounidense, como lo hizo voluntariamente su hermano Tony. Y como la justicia gringa está más cerca de Dios que la catracha, lo que resulte de ese encuentro confirmará con más validez y confianza quién es JOH, ante los hondureños, su familia, amigos y para el mundo en general, pues como él mismo ha dicho… “El que no la debe…. no la teme”.
