Nuestra vulnerabilidad a los virus y otras amenazas a nuestra seguridad humana es superior, a la de otros países, porque la mayoría de nuestro pueblo vive en la pobreza y la discriminación social, agravadas por otros males públicos contra los cuales necesitamos simultáneamente luchar.
El equipo de trabajo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el inicio, se ocupa de la crisis en todos los departamentos y puntos fronterizos de Honduras; supervisa centros y establecimientos de salud en cuanto a sus atenciones y disponibilidades en medicamentos e insumos y trato a las personas, coordinando actividades con las regionales de la Secretaría de Salud y COPECO; contribuye a sensibilizar sobre las medidas de prevención, en las comunidades; informa al pueblo; y hace recomendaciones al Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de su deber de proteger el derecho a la vida, seguridad y salud de los habitantes, fomentando también el acompañamiento de la sociedad, en su conjunto.
Esas actuaciones las realizamos, sin desatender la necesaria acción con respecto a los otros enemigos del cambio progresivo en nuestra calidad de vida y de la inclusión de las personas en condiciones de vulnerabilidad, quienes han venido siendo excluidas hasta de la posibilidad de abrigar esperanzas de vida con dignidad.
Por ello, reitero que se debe tener presente también la necesidad de impulsar, al mismo tiempo, la solución de esos otros problemas vitales que vive la mayoría de los hondureños y hondureños, a consecuencia de la pobreza y la discriminación social, que son agravadas por negativos impactos continuos, derivados de la corrupción e impunidad, violencia social, delincuencia organizada, sequías, inundaciones, incendios forestales, talas ilegales, degradación del medio ambiente, plagas forestales y agrícolas, carestía de alimentos, desempleo creciente y otras amenazas que se han tornado habituales.
En consecuencia, tal como lo hemos expuesto repetidas veces y hoy lo hago nuevamente: el Estado de Honduras, incluyendo a los partidos políticos, debe iniciar la solución de esas causas y problemas nacionales, desde el ámbito municipal.
Por lo anterior, recomiendo:
A la sociedad y al Estado afianzar su unidad en la prevención, control y erradicación de la propagación del dengue y del coronavirus, logrando el cumplimiento de las instrucciones sanitarias de las autoridades competentes, quienes deben también actuar conforme a la responsabilidad del Estado de proteger y respetar el derecho a la salud de los habitantes. Con ese cometido, el Estado debe asegurar prioridades de prevención y atención, en especial las relativas a la disponibilidad inmediata de: medidas e insumos necesarios de bioseguridad para todo el personal de los centros y establecimientos de salud; pruebas de laboratorio; medicamentos esenciales requeridos; nuevos espacios temporales para el aumento de camas disponibles; ventiladores mecánicos y personal competente para manejarlos; y protocolos pertinentes a todas las diferentes etapas de dichas enfermedades.
Dada su responsabilidad con los derechos humanos de la comunidad, recomiendo a la empresa privada que contribuya, con la Fiscalía del Consumidor y la Dirección de Protección del Consumidor, a controlar y sancionar a los especuladores que alzan sus precios y simulan carestías de alimentos, bienes y productos básicos, como insumos y medicamentos, aprovechándose inhumanamente del drama y de las necesidades de la población.
En los próximos días estaré informando sobre esos y otros aspectos y hallazgos derivados de la supervisión que estamos realizando., lo que acompañaré de las recomendaciones pertinentes.
Al Estado, incluyendo a los partidos políticos como instituciones de derecho público, y a organizaciones de sociedad civil, comprendiendo al sector privado, concertar urgentemente una democrática y cívica Alianza por la Dignidad Humana, con planificación de acciones positivas de cambio (desde ahora y para ser continuadas y mejoradas por los próximos gobiernos) contra la pobreza y la desigualdad social, económica y política; el desempleo; la violencia y delincuencia, incluyendo la corrupción e impunidad; la intolerancia política; la falta de crecimiento económico inclusivo; así como la carencia de coordinación y complementación interinstitucional del Estado y de la sociedad, en función de la dignidad humana que es el fin supremo y la premisa antropológica y cultural del Estado de derecho.
Con ese propósito, adoptar y ejecutar un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia pragmática de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable. Ya he señalado las fuentes de los recursos correspondientes, las facilidades que ofrecen los “Municipios de Bienestar Solidario” como espacios municipales de gobernabilidad democrática, y el marco referencial universalmente idóneo que determinan los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El seguimiento de estas recomendaciones podría abrir la puerta hacia un Estado democrático real con una sociedad de bienestar y justicia social. Demos una oportunidad a la transformación nacional.
