Tegucigalpa – La pobreza en Honduras aumentó 1,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2017 pese a una inversión de más de 4.201 millones de lempiras (174 millones de dólares) que el Gobierno destino a financiar el Programa Bono Vida Mejor, según un estudio divulgado hoy en Tegucigalpa.
«La política pública de protección social puesta en práctica en Honduras, basada en el esquema de las transferencias monetarias condicionadas y con enfoque de asistencia social, no presenta evidencias de estar contribuyendo a la reducción de la pobreza», destaca el informe, financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El estudio, titulado «Programa Bono Vida Mejor: Una valoración sobre sus alcances, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres», fue realizado en 2017 por el Centro de Estudios para la Democracia, la organización intibucana de mujeres Las Hormigas y el Centro de Estudios para la Mujer.
El informe fue presentado este martes a diversos sectores por Delia Núñez, quien dijo a Efe que «se ve un incremento en el porcentaje de pobreza» en Honduras, es decir que subió de 62,8 por ciento en 2014 a 64,3 por ciento en 2017, según cifras oficiales, pese a la inversión en el Programa de Transferencias Condicionadas (TMC) Bono Vida Mejor que promueve el Gobierno.
El 43,7 % de los más de 9 millones de hondureños viven en pobreza y 23,3 % en pobreza extrema, señaló Núñez, quien afirmó que el programa requiere «hacer más esfuerzos para generar una reducción de la pobreza y que sea sostenible».
Las familias beneficiarias reciben cuatro pagos bajo el esquema de (TMC) y los obliga a participar y llevar a sus hijos a cumplir con los programas de salud, estudio, nutrición y otras actividades.
El 66 % de los recursos del programa es financiado mediante créditos con organismos internacionales y el restante 34 por ciento con fondos estatales, señala el estudio.
«Es esfuerzo nacional es limitado, esto plantea el carácter insostenible de esta política de protección social y de su lucha contra la pobreza», enfatiza.
El bono, añade el documento, «ha sido altamente politizado desde la selección de sus beneficiarias, siendo, hasta ahora, uno de los instrumentos más importantes en la promoción electoral del partido político en el Gobierno».
El documento destaca que en el enfoque de familia, por ejemplo, el bono «no está beneficiando» a las mujeres en el goce de acceso a servicios para su propio cuerpo en áreas como la salud reproductiva y sus principales ciclos, así como en su autoestima, empoderamiento, autonomía económica y física y violencia doméstica».
Núñez indicó que el programa reproduce «los estereotipos y esquemas del sistema patriarcal, por lo tanto, no está beneficiando a la mujer directamente».
Dijo, además, que adolece de «una política de género y sus transversalización», por lo que considera fundamental «rediseñar una política de protección social» que considere la desigualdad, la pobreza y la violencia que les afecta.
El economista hondureño Hugo Noé Pino dijo, en la presentación, que «no es sostenible» ninguna política social financiada con recursos externos.
«Es bastante claro que este programa desde su inicio tenía objetivos más políticos que de asistencia social», subrayó Pino, quien fue presidente del Banco Central y exministro de Finanzas.
Los organismos hondureños recomiendan al Estado garantizar a las mujeres «acceso a los bienes materiales, tierra, crédito, tecnología y vivienda, para el bienestar individual y colectivo».
Asimismo, ejecutar acciones de prevención, atención y sanción para erradicar a violencia contra las mujeres, y asegurar su plena participación en igualdad de condiciones.
