El Partido Liberal y el Partido Nacional están creando un ambiente de terror para ganar el voto del miedo, acusa.
“Aprovechándose del temor de la población ante el clima de inseguridad que ellos mismos han creado (liberales y nacionalistas), por las desigualdades creadas, exclusión, marginación, corrupción e injusticias de sus modelos y conductas políticas; hoy estos Partidos Políticos que sólo saben recetar penas de muerte y condenas mas duras, olvidan intencionalmente las causas arriba mencionadas y acuden a respuestas simplistas para aplacar lo que después resurge con mas fuerzas”, dicen en un comunicado.
Reclaman que la problemática de la seguridad ciudadana “hay que abordarla responsablemente y no demagógicamente”, y que es urgente una política nacional pública de seguridad”.
Esas políticas, señalan, deben delinearse conjuntamente entre el Estado y la sociedad civil definiendo con precisión estrategias compartidas, objetivos y metas evaluables, que permitan reducir en un 30por ciento durante su primer año de ejecución, los altos índices de violencia que desde hace tres décadas abaten a la población.
Piden también diseñar un plan nacional de intervención de la Policía Nacional, con el propósito de evaluar y depurar la misma en el corto y mediano plazo, con el fin de garantizar a la población y la sociedad organizada la confianza y credibilidad en los cuerpos de seguridad y protección que debemos tener como Estado Nacional.
Asimismo, diseñar y poner en práctica un plan estratégico nacional de seguridad, con planificación sectorial y municipal, de conformidad con los recursos que se tienen, y establecer los mecanismos internos y externos de supervisión, evaluación y capacitación del personal policial, basado en metas y objetivos por resultados que sean medibles y visibles desde los territorios municipales.
El PINU-SD demanda del gobierno “la suspensión de todo aumento de presupuesto y contratación de nuevos policías, mientras tanto no se efectúen las depuraciones y correctivos del sistema estructural y operativo de la institución policial y la misma secretaria de seguridad, para evitar mayores niveles de corrupción y actividad delincuencial tal como la denuncian los medios de comunicación”.
Propone, además, impulsar una política integral (prevención, reacción, rehabilitación y reinserción) para abordar el tema de seguridad ciudadana, atacando el delito y la violencia efectivamente; realizando acciones para prevenirla, ir a las causas de la inseguridad ciudadana; ejecutando verdaderos procesos de rehabilitación y dar paso a la reinserción social”.
“La seguridad ciudadana exige también transparencia y rendición de cuentas, cualidad y capacidad diferenciada de quienes ejecutan la política de seguridad, estrategias, programas etc., reestructuración institucional bajo la división de especialidades, inclusión del municipio y sus comunidades en los planes de prevención del delito, regionalización y mejora del combate al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, así como el fortalecimiento de la investigación criminal y la ciencia forense adscrita al Ministerio Público”, señaló.
