Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, abogó este sábado porque se le brinden medidas de seguridad a la jueza Flor Sosa, de un tribunal de la Ceiba, y demás miembros de su familia y exigió de las autoridades su máximo esfuerzo para evitar que los hechos denunciados no queden en la impunidad.
– En 2018, el Conadeh atendió 430 denuncias, presentadas por mujeres por considerar que se le violentó el derecho de acceso a la justicia y debido proceso, retardo en la admisión de un recurso, abuso de autoridad, negligencia en investigación preliminar de la denuncia.
El Ombudsman hondureño repudió el hecho violento cometido contra la hija de la jueza y declaró que la oficina regional del Conadeh, en Atlántida, abrió un expediente de oficio para darle seguimiento a la denuncia formulada por la abogada.
La profesional del derecho denunció, en una entrevista televisiva, las agresiones y abusos que sufrió su hija de 16 años, el pasado sábado 20 de abril, en una villa de un complejo hotelero de La Ceiba, durante sus vacaciones familiares de Semana Santa.
La madre relató que encontró a su hija en estado deplorable junto a las personas que la habían rescatado, por lo que se trasladó a un centro asistencial e interponer la denuncia.
El Defensor del Pueblo expresó que cualquier ataque contra una mujer, especialmente contra una niña, debe tener la sanción que corresponde con el fin de terminar con esa cultura o subcultura en la cual se ha puesto en un plano histórico de inferioridad a la mujer y de falta respeto a su dignidad.
La jueza denunció que su preocupación es grande, no solo por la integridad de su hija, sino que por la suya y demás miembros de su familia y expresó su temor que se genere otro caso más de impunidad en el país.
Lamentó que no se haya presentado ningún requerimiento fiscal, ninguna detención, lo cual es motivo de frustración generalizada para ella y su familia.
Herrera Cáceres, dijo que van a exigir el cumplimiento del Estado de dar medidas de seguridad para la jueza y su familia y que se garantice el debido proceso.
En torno a la preocupación de la profesional del derecho, manifestó que los niveles de impunidad con que se mantienen los delitos cometidos en el país llevan a la señora jueza a manifestarse en ese sentido.
En las últimas horas, el Ombudsman hondureño recomendó, al Congreso Nacional y al Estado en su conjunto, que se tomen políticas de tipo criminológico para luchar contra la impunidad y que el Ministerio Público pueda sustentar sólidamente todo requerimiento que haga.
Lo que se busca es mayor efectividad en los requerimientos y que no haya lugar para que las acusaciones no tengan ese sentido de eficacia que está buscando la sociedad, acotó.
Mujeres denuncian que se les violenta el derecho de acceso a la justicia
Se estima que, durante el año 2018, ingresaron 21 mil 334 casos por violencia doméstica al Poder Judicial, de los cuales, 10 mil 367 fueron presentados ante juzgados de letras y 10 mil 967 ante los juzgados de paz. En su mayoría (19 mil 935), son mujeres las víctimas de violencia doméstica.
En el país, existen tres juzgados de ejecución contra violencia doméstica a nivel nacional, con un número total de tres jueces, bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución.
En el 2018, se emitió un total de 15 mil 324 resoluciones por los juzgados de letras y paz en materia de violencia doméstica; de las cuales se declararon con lugar 7 mil 175 mientras que 6 mil 570 caducaron.
Durante 2018, el Conadeh atendió 430 denuncias, presentadas por mujeres por considerar que se les violentó el derecho de acceso a la justicia y debido proceso legal o recepción de denuncia planteada, retardo en la admisión de un recurso, abuso de autoridad, ejercicio indebido de autoridad del servidor público.
Además, negligencia en investigación preliminar de la denuncia, prevaricación en sentencia dictada, retardo en la investigación preliminar de la denuncia y retardo injustificado de un auto, resolución, fallo o sentencia.
En su informe anual 2018, el Conadeh, establece que es motivo de preocupación la violencia que sufren las mujeres en el país.
Añade que una de las causas más denunciadas es la violencia doméstica e intrafamiliar por lo que se les brinda atención y acompañamiento para interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes y que se les garantice su protección.
