Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla)- La parálisis legislativa, a punto de cumplir un mes, provocada por la elección del fiscal general y su adjunto, ha llevado a que muchos sectores, incluyendo legisladores, reclaman una reforma y en algunos casos la derogación de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ya que señalan que la actual concede poderes casi dictatoriales al titular de dicho poder del estado, sin importar qué persona o partido se encuentre en el poder.
-Ley Orgánica del Congreso Nacional es permisiva, antidemocrática y hasta peligrosa según, analistas.
-Muchas discrecionalidades cometidas en el pasado y en el presente en el CN, se pueden atribuir a la Ley Orgánica.
-Reformas a Ley Orgánica del CN contribuirían a una labor legislativa eficiente y ordenada.
Igualmente, varias figuras consultadas por Proceso Digital indicaron que se debe aprovechar la reforma para eliminar la inmunidad otorgada a los parlamentarios y que a su juicio genera impunidad, luego que durante 19 años estuvo prohibida.
Los consultados indicaron que el presidente del Congreso Nacional tiene mucha permisividad en el manejo de dicho poder debido a la Ley Orgánica que heredó, tras las reformas hechas el 2022.
Los expertos coincidieron en señalar que el espíritu de la referida ley Orgánica del Congreso Nacional es presidencialista y antidemocrática y que se necesita restablecer el equilibrio de poder al interior de dicha institución.
Nueva ley evitaría parálisis actual
En la actualidad hay una parálisis legislativa que ya se había dado en algunas ocasiones en Congresos pasados, sin llegar a ser tan prolongadas como las que se han visto en la actual legislatura, temas como este se podrían evitar si se tuviera una ley más adecuada a los intereses nacionales, según el criterio de conocedores del tema.
El tema sobre la necesidad de reformas e incluso la derogación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nuevamente tomó vigencia en las últimas semanas, por la crisis generada en el Parlamento, por la falta de consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Presidencialista y antidemocrática
Lo primero que rechazan los analistas, inclusive los mismos diputados, es que la Ley Orgánica del Congreso, crea un “pequeño dictador” dentro del Legislativo porque otorga demasiadas atribuciones al presidente del Congreso Nacional, y no se favorece en absoluto la democracia.
“Hemos visto la necesidad de reformas en función de hacer más horizontal el tratamiento del tema del Congreso Nacional, porque es un Poder del Estado altamente presidencialista, todo se mueve en función de lo que indique el presidente, incluyendo temas administrativos y hasta de recurso humano”, dijo el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar.
“Hay demasiada concentración del Poder y muy pocas posibilidades de que se practique una verdadera democracia en el Congreso, especialmente en momentos como este en donde quien dirige no acciona para llamar a sesiones, entonces se paraliza totalmente la acción legislativa en el Congreso”, planteó el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, consultada sobre el tema por Proceso Digital, opinó que Ley Orgánica del Congreso Nacional, amerita toda una revisión, pero básicamente lo que refiere a las atribuciones del presidente porque él concentra demasiado poder y eso no va de acuerdo con el modelo democrático.
Para el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, en la Ley Orgánica del CN, hay bastante orientación a otorgar discrecionalidad a la figura del presidente del Congreso Nacional y son muchas situaciones que se abordan únicamente bajo la orden que él.
Las reformas más visibles y prioritarias
Entre las principales reformas que los analistas señalan como prioridad en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, está en primer lugar las atribuciones del presidente del Congreso Nacional, porque crean un caudillo en el hemiciclo que responde a sus propios intereses o los de su partido.
Se refiere que en 2022 siendo presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, se aprobaron varias reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, orientadas a otorgar una autoridad casi absoluta a la figura del presidente del Congreso Nacional.
Luego las fuentes consultadas por Proceso Digital, señalan que es urgente la derogación del decreto que otorga inmunidad parlamentaria a los congresistas, ya que es una carta abierta para casos de corrupción.
El abogado César Espinal de CNA, recordó en plática con este medio que después de 15 años, el Congreso Nacional reinstauró en 2019 la inmunidad parlamentaria, con una reforma al Artículo 10 a través del Decreto por adición 117-219.
Con ese decreto los diputados lograron restituir el blindaje parlamentario que se resumen en que los congresistas no serán responsables ni penal, civil o administrativamente por la función legislativa que ejerzan.
Eso les da libertad a cometer irregularidades sin el temor que se les deduzca responsabilidad, lamentó. Espinal mencionó que la reforma se dio cuando el CNA, presentó una denuncia en contra de algunos diputados.
También se hace referencia a que está reforma vino seguido de que la MACCIH, a través de la Ufecic abrió varias líneas de investigación contra diputados por irregularidades con fondos públicos entre estos casos se pueden recordar (Red de diputados, Pandora y Fe de erratas).
Artículo 10: La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participan en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constitución de la República siendo al pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y la consecuencias de la infracción.
Asimismo, se hace referencia a otro artículo que debe ser derogado y se trata del que da vida al denominado Fondo Departamental.
Este es 116-2019, es válido apuntar que 2 de agosto de 2023 el Congreso Nacional derogó el Fondo Social Departamental, que permitía otorgar fondos a diputados para obras de distinta naturaleza; pero pese a esa derogación persiste la controversia porque hay muchos criterios de juristas que opinan que no se derogó la raíz que da vida al decreto que está en la Ley Orgánica del CN, y si no se hace de esa forma las ayudas económicas para los legisladores continuarán, tal como lo han aceptado los mismos parlamentarios que reconocen siguen recibiendo fondos.
Y la controversia más actual que la genera el Artículo 80 de la Ley Orgánica, en relación al período de funcionarios públicos en su cargo, según algunos este también debe ser derogado, porque contraviene el Artículo 233 de la Constitución de la República.
Siguiendo este criterio recientemente el oficialista diputado, Ramón Barrios, interpuso un recurso de inconstitucionalidad a dicho artículo buscando respuesta en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que determine si ha finalizado o no el período de funciones de las autoridades del Ministerio Público, ya que según las autoridades actuales ya el Fiscal Adjunto estaría en usurpación de funciones.
Ley peligrosa y permisiva
La Ley Orgánica del Congreso Nacional, necesita una revisión exhaustiva ya que está prácticamente desfasada en cuanto a la práctica y particularmente por el actual comportamiento que se tiene dentro del Congreso Nacional, coinciden expertos.
Muchas situaciones que son lesivas son producto de una falta de regulación de esta ley, y en un escenario político polarizado como el que se vive en el Congreso se requiere de reformas que puedan otorgar garantías para que se eviten discrecionalidades y arbitrariedades, para el caso se teme que con la autoridad que tiene el presidente para nombrar suplentes, en cualquier momento se abuse y se apruebe cualquier ley desplazando a los titulares.
Por otra parte, es una ley que permite la ineficacia, para el caso no existe un control de las Comisiones Legislativas, en la que muchos congresistas escudan que sí trabajan, pero en realidad se desconocen los resultados.
Es así que en el Congreso Nacional se engavetan cientos de leyes porque no hay democracia ni agenda de país, porque la Ley Orgánica lo permite, ya que solo se dictaminan y aprueban los que son de interés particular de quienes dirigen, particularmente el presidente o el partido político en el poder.
El abogado Espinal, expuso a Proceso Digital, que por ejemplo cuando el CNA presentó el segundo informe de la auditoría y análisis al desempeño legislativo mediante el mecanismo de incidencia ciudadana se destacó que un poco más de 400 proyectos de decreto fueron presentados ante el Congreso Nacional, pero de esos apenas un poco más de 90 fueron aprobados.
En términos muy parecidos se pronunció el diputado Márquez, en plática con PD, al referir que en la actualidad la agenda es un tema exclusivo de la Junta Directiva o más bien del presidente, por lo que, aunque exista consenso de mayoría de diputados en ciertos temas, no pueden ser discutidos ni aprobados y la mayoría de los proyectos se quedan engavetados, si quienes dirigen no tienen la voluntad política; “ahí hay una práctica antidemocrática profunda avalada por la Ley Orgánica del Congreso Nacional”. Adicionó que para evitar esa ineficiencia y que se les dé prioridad a los temas de país debería practicarse democracia representativa o agregar un artículo a la Ley en donde se establezcan parámetros para la obligatoriedad de la discusión de ciertos temas de país donde ya se hayan alcanzado consensos.
Ante tanto vacío o artículos controversiales los analistas concluyen que las reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, son una prioridad, y aunque se colige que no será fácil, porque esos cambios perjudicarían a muchos, pero si lograran serían de mucho beneficio en aras de la transparencia, lucha contra la corrupción y para contrarrestar malas prácticas que han sido permanentes dentro del Legislativo. LB
