Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy al gobierno a atender de urgencia y encontrarle una solución a la inseguridad que se vive en el transporte público y evitar seguir poniendo en riesgo la vida de conductores, ayudantes y pasajeros.
En una carta remitida al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, el ombudsman hondureño le expresa su preocupación por la problemática que enfrentan a diario tanto los pasajeros como los transportistas del gremio de buses y de taxis del país.
Parte de esa problemática, según el defensor de los derechos humanos, son las constantes muertes acaecidas producto de las extorsiones de las que son víctimas las personas que trabajan en el rubro del transporte público.
A su criterio, la pérdida de vidas humanas repercute también en las familias de las víctimas que, en su mayoría, quedan en el desamparo total.
En la misiva, Herrera Cáceres recuerda que los miembros del gremio del transporte público han pretendido y están en la disposición de entablar de urgencia un diálogo al más alto nivel del gobierno y buscarle una solución a la problemática.
De acuerdo al ombudsman hondureño, los transportistas quieren dialogar con el nivel gubernamental más alto y competente para la toma de decisiones sobre la crítica situación de inseguridad que viven tanto los conductores, ayudantes y usuarios de buses y de taxis.
“Se requiere de pronta respuesta para evidenciar la disposición permanente del Estado de proteger y hacer respetar los derechos humanos del pueblo”, pide el defensor del pueblo al ministro Chang Castillo en su carta.
Herrera Cáceres es partidario de un acercamiento entre el gobierno y el sector transporte para adoptar medidas concretas que permitan proteger la integridad física y la vida, tanto de usuarios como de quienes realizan esta labor de alto riesgo en unidades de buses como en taxis.
Se debe avanzar en la lucha contra la impunidad
El funcionario señaló que la falta de castigo a los responsables de la quema de unidades del transporte así como de atentar contra la integridad y la vida de conductores y pasajeros solo alimenta y estimula la comisión de nuevos delitos.
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, estima que, en los últimos 34 meses (2012 – octubre 2014) han muerto en circunstancias violentas, al menos 220 taxistas, es decir, un promedio de siete por mes.
Un recuento de los hechos establece que entre el 2012 y el 2013, se registraron 174 hechos violentos que dejaron como saldo 231 víctimas entre taxistas, pasajeros y particulares.
Durante esos dos años, alrededor de 153 taxistas perdieron la vida violentamente mientras que otros 17 resultaron heridos, con un saldo total de 170 víctimas.
Del informe se desprende que en los ataques perpetrados contra esas unidades del servicio público también murieron 32 pasajeros mientras que otros 14 resultaron heridos.
Se estima que alrededor del 95 por ciento de los responsables de participar en los hechos sangrientos suscitados en las unidades de taxi son personas desconocidas.
De los 174 hechos sangrientos registrados en los últimos dos años, en al menos cinco casos la policía capturó a los supuestos responsables.
