«Hemos pedido al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que pruebe las acusaciones y que presente pruebas», dijeron hoy a Efe fuentes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), que agrupa a unos 1.200 reporteros.
Quintana declaró el domingo pasado que «se paga a periodistas, a columnistas, se pagan consultorías para crear escenarios precisamente de conflictividad».
«Es desde este programa que se desestabiliza la democracia», añadió el ministro, al aludir a la agencia de cooperación estadounidense USAID.
En la APLP anunciaron que con esas pruebas que posiblemente presente el gobierno boliviano van a llevar a los supuestos acusados a su «Tribunal de Honor».
En la Federación de Trabajadores de Prensa de La Paz no descartaron que haya periodistas con relaciones «poco éticas», pero aseguraron que lo correcto es que el gobierno divulgue los nombres de las personas a las que acusa.
En la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupa a los directores de medios de comunicación impresos, calificaron de «graves» las afirmaciones de Quintana.
Según la ANP, «una acusación de tal magnitud debería estar basada en hechos irrefutables, especialmente si proviene de un gobierno».
